Seis meses de planes de ajuste: ¿solución o problema añadido?

Han transcurrido más de seis meses desde que los plenos de muchos ayuntamientos aprobaron los planes de ajuste que habilitaban, en el ámbito del Real Decreto-ley 4/2012 de 24 de febrero, por el que se estableció el mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, la suscripción de los préstamos a largo plazo formalizados para la devolución de la deuda pagada a los proveedores.

Es aún pronto para poder calibrar el efecto de esos planes de ajuste aprobados, pero se pueden analizar determinados indicios que nos pondrán sobre la pista de si esos planes están sirviendo para solventar la situación económica de los ayuntamientos o por el contrario se han convertido en un problema añadido.

La situación en la que se encuentran las entidades locales desde que se inició el proceso de pago a proveedores, teniendo en cuenta las notas de prensa publicadas al respecto, es la siguiente:

• Se han abonado la totalidad de las facturas pendientes de pago correspondientes a 106.283 proveedores, que acumulaban un importe global de 9.263.151.895 euros. El 65% de esos proveedores eran pymes, 35% personas físicas y 1% grandes empresas.

• De un total de 4.623 entidades locales que comunicaron inicialmente obligaciones pendientes de pago, finalmente se han abonado las de 3.774 Entidades Locales.

• De los 8.116 ayuntamientos que existen en España, un total de 3.493 (el 43 %) ni siquiera llegaron a presentar la información correspondiente a la relación de obligaciones pendientes de pago. Ello significa que, o bien esas entidades carecían de obligaciones con las características citadas pendientes de pago a esa fecha, o bien no han remitido esa información al Ministerio, a pesar de tener la obligación de hacerlo. En todo caso el Ministerio no ha desvelado si tiene algún tipo de previsiones respecto de esas entidades incumplidoras.

• Un total de 849  entidades que habían presentado su documentación, han quedado excluidas del procedimiento por haber pagado sus deudas o por no haberse acogido los contratistas al sistema de pago.

• Un total de 1.478 entidades han visto pagadas sus deudas con proveedores sin tener aprobado Plan de Ajuste, a los que se les dio una nueva oportunidad de aprobar plan y finalmente sólo 400 de ellos fueron autorizados con la repesca del Ministerio.

• Sobre 8.000 entidades locales existentes en España solamente 2.696, incluidas las 400 entidades repescadas por el Ministerio, han formalizado los correspondientes créditos bancarios previstos en el Real Decreto-ley 4/2012.

Una de las razones que podemos encontrar en esta escasa incidencia de la medida, es que muchas entidades locales contaban con una deuda con proveedores muy elevada y se plantearon si resultaba más favorable económicamente formalizar las operaciones de crédito o esperar a que el Ministerio de Hacienda les practique la retención en la PIE, ya que la retención máxima del 50% de la Participación en los Ingresos del Estado prevista en los Presupuestos Generales del Estado, puede ser inferior a la cuota resultante de la mencionada operación de crédito.

Otra de las razones la podemos encontrar en que en muchos casos los planes de ajuste o los préstamos rechazados por los Plenos lo fueron en ayuntamientos con equipos de gobierno en minoría, cuya situación y voluntades no experimentaron ninguna variación en el corto periodo de tiempo establecido por el Ministerio para la repesca que sólo fue de 15 días con respecto al plazo inicialmente concedido.

Todo ello trasladado a términos monetarios da como resultado que de la cantidad total abonada a los proveedores, un importe de 7.967.046.541 euros (86% del total) lo han sido mediante la formalización por parte de las entidades locales de los correspondientes créditos a un tipo de interés del 5,939% revisable trimestralmente, mientras que 1.296.105.354 euros (14% del total) procederán de las retenciones de la PIE que vaya practicando el Ministerio a los distintos ayuntamientos que no han formalizado préstamos.

Según los datos que se desprenden del Programa Nacional de Reformas enviado por el Gobierno a la Comisión Europea, el conjunto de los municipios que habían aprobado Plan de Ajuste planteaban, para los diez años de horizonte temporal de los planes, una reducción de costes de 17.351 millones de euros y un aumento de los ingresos de 26.608 millones de euros (pág.86 del Programa Nacional de Reformas).

Si ponemos en relación los datos sobre los presupuestos aprobados para 2012 y los valores liquidados en 2011, sólo de aquellos ayuntamientos que cuentan con presupuestos aprobados para el presente año, los cuales aparecen publicados en la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales, se puede comprobar cómo los gastos se han reducido en 2.899 millones de euros con respecto a los gastos liquidados en 2011, lo que supone un descenso del gasto del 5,8 % (Cuadro1).

Si tenemos en cuenta que los ayuntamientos con planes de ajuste han comprometido reducir su gasto en 4.109 millones de euros para 2012 (pág.86 del Programa Nacional de Reformas), podemos observar el largo recorrido de rebajas, de más de 1.200 millones de euros adicionales sobre los presupuestos ya aprobados, que tendrán que acometer las entidades locales si se quiere dar cumplimiento a los objetivos de dichos planes.

Esa rebaja adicional sobre las previsiones presupuestarias se antoja altamente difícil si analizamos en dónde han incidido los ajustes de gasto ya aplicados en la aprobación de los presupuestos. El grueso de la rebaja acometida en los presupuestos se centraba en eliminar 3.178 millones de euros en el gasto de inversión un 45 % sobre el gasto de 2011, mientras que los gastos en personal y bienes corrientes apenas acumulan descensos del 1 % respectivamente, y cuando los gastos destinados a la deuda pública, intereses y amortizaciones, ha crecido en los presupuestos aprobados en más de 1.115 millones, con un incremento del 35 % sobre los valores alcanzados en 2011.

Sin analizamos la distribución territorial de los municipios nos encontramos con comunidades autónomas en donde sus municipios plantean tasas de crecimiento moderadas en gastos, mientras que otras plantean reducciones de más del 26 % (Cuadro2).

En cuanto al incremento de 1.645 millones de euros para 2012 en los ingresos previstos en los planes de ajuste (pág.86 del Programa Nacional de Reformas), no parece factible que pueda ser cumplido, ya que los presupuestos municipales habían planteado un escenario contrario, con unos ingresos totales inferiores en 1.162 millones de euros, lo que implica reducción de un 2,4 %, sobre los valores liquidados en 2011.

En la distribución territorial de los ingresos por municipios se puede comprobar como sí que existen comunidades autónomas, un total de 7, en donde los presupuestos de ingresos del conjunto de sus municipios prevén para 2012 mayores ingresos que los liquidados en 2011, si bien son incrementos muy conservadores con la única excepción de los ayuntamientos de La Rioja con un crecimiento acumulado del 5,2 % sobre los obtenidos en 2011(Cuadro 3).

Atendiendo al importe volumen de la deuda comercial, con proveedores y contratistas, que determinados ayuntamientos han transformado en deuda financiera, en relación con sus ingresos corrientes, no resultaba difícil prever que muchos de ellos pasarían por importantes dificultades para poder atender los vencimientos del préstamo formalizado en aplicación del Real Decreto-ley 4/2012.

Así hemos podido comprobar cómo ya ha habido algún ayuntamiento de un tamaño importante, que no ha podido hacer frente ni al primer vencimiento de los préstamos, sólo tres meses después de haber sido formalizados y con la cuota correspondiendo únicamente a los intereses, ya que los dos primeros años son de carencia en amortización de capitales.

En ese caso se trataba de destinar la liquidez para el pago de la cuota a las indemnizaciones por despidos del personal que el mismo Plan de ajuste aprobado para obtener el préstamo había contemplado entre sus medidas, si bien ni siquiera dicha liquidez resultaba suficiente para atender los pagos por dichas indemnizaciones.

Por otra parte la patronal ha señalado recientemente que a pesar de los planes de pagos a proveedores de las administraciones, éstas siguen retrasándose en sus pagos, ya que algunas autonomías y ayuntamientos persisten en no pagar a sus proveedores, mientras que éstos no pueden cubrir esos impagos con créditos puente de la banca que los rechaza sistemáticamente.

Otro de los efectos que parece estar teniendo el que los ayuntamientos deban destinar una gran parte de su liquidez al pago de los intereses por los nuevos préstamos suscritos, son los impagos que están sufriendo los consorcios y mancomunidades de municipios respecto de las entidades que los conforman. De tal forma que prácticamente a diario se pueden ver noticias sobre impagos de esas entidades a sus empleados, o los cortes de suministro eléctrico que sufren por impago, denunciando en todos los casos que estas situaciones se producen por las deudas que acumulan con ellos los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

Por tanto no son buenas las noticias que de momento nos llegan de la salud financiera de los Ayuntamientos tras la aprobación de los Planes de ajuste tramitados al amparo del Real Decreto-ley 4/2012 de 24 de febrero, si bien habrá que estar a los resultados que se desprendan de las liquidaciones del ejercicio 2012 para comprobar la verdadera medida sobre el cumplimiento de los ambiciosos objetivos planteados en dichos Planes.