En qué consiste el procedimiento de rendición de cuentas

De un modo u otro prácticamente todo el mundo tiene al menos una ligera idea de lo que es rendir cuentas, esto es, dar explicaciones de la gestión de lo ajeno, de los motivos que justifican las decisiones que afectan a quienes las exigen.

Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente (así lo recoge el preámbulo de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Sin embargo, desde el punto de vista de la Administración Pública y de la ciencia política, al hablar de un procedimiento de rendición de cuentas nos referimos a un mecanismo de control y garantía que presenta determinadas particularidades y que detallamos a continuación.

Concepto de rendición de cuentas

En un sistema democrático, la rendición de cuentas se refiere al procedimiento por medio del cual los ciudadanos pueden controlar y valorar las actuaciones llevadas a cabo por la Administración en cuanto a la gestión de los fondos públicos.

Para ello, se recurre a determinados mecanismos de control, tales como la transparencia o la fiscalización, a través de los cuales los ciudadanos pueden estar informados de cómo se está empleando el dinero proveniente de sus impuestos y los poderes públicos pueden justificar las acciones llevadas a cabo con los fondos públicos. De este modo se intenta evitar la corrupción y los abusos de poder.

Y es que no podemos perder de vista que, en las elecciones, los ciudadanos damos un mandato a los que serán nuestros representantes de cómo queremos que se lleven a cabo las cuestiones de interés general; por tanto, tenemos derecho a, conocer cómo se ejecuta dicho mandato y cuáles son los resultados.

Por verlo más claramente con un ejemplo, la rendición de cuentas es un proceso similar a la revisión que una sociedad mercantil realiza cada ejercicio sobre la contabilidad y su gestión, mediante la auditoría de las cuentas anuales, en beneficio de accionistas y consumidores, pero aplicado en este caso a los entes del sector público con el fin de verificar cómo están gestionando los fondos públicos que se les entregan.

En definitiva, la rendición de cuentas no es más que un procedimiento administrativo especial que sirve como mecanismo de control de la actividad de los poderes públicos.

Procedimiento de rendición de cuentas

Para que verdaderamente sea un proceso abierto, transparente y recíproco entre los ciudadanos y los poderes públicos, todo procedimiento de rendición de cuentas debe estar basado en:

• La información, entendiendo por tal tanto el derecho de los ciudadanos a recibirla como a la obligación de los poderes públicos de divulgar todos los datos necesarios de las actuaciones llevadas a cabo en el ejercicio de sus funciones.
• La justificación o explicación de las actuaciones llevadas a cabo y de qué manera contribuyen al bienestar social y responden al mandato que los gobernantes recibieron de las urnas.
• Las sanciones que penalizarán a los gobernantes y funcionarios en aquellos casos en que se demuestre la existencia de abusos de autoridad o prácticas de corrupción.

Mecanismos de rendición de cuentas

El procedimiento de gestión de cuentas se basa en los siguientes mecanismos:

• La transparencia, en virtud de la cual se deben poner al servicio de los ciudadanos sistemas activos de información con relevancia jurídica, económica, presupuestaria, organizativa y de recursos humanos, y de planificación. Debiendo ser éstos fácilmente accesibles en los portales de cada ente que forma parte del sector público. Igualmente, estos entes deben de asegurar el acceso de cualquier ciudadano a la información pública de la que disponen.
• La opinión pública expresada a través de iniciativas ciudadanas, movilizaciones sociales, protestas, sondeos de opinión, encuestas o mediante el ejercicio de la acción popular. En definitiva, de manera que esta no pueda ser ignorada por la Administración a la hora de rendir cuentas.
• La fiscalización o acción por la cual se revisan y evalúan las acciones de los poderes públicos en cuanto a su veracidad, razonabilidad y conformidad con la legalidad vigente.
• La existencia de un marco normativo que permita de manera pacífica la alternancia en el poder y el correspondiente sistema judicial imparcial e independiente que controle los poderes públicos en el cumplimiento de sus funciones, castigando sus desviaciones e incumplimientos.

En España, nuestro ordenamiento dispone de instrumentos a través de los cuales las administraciones públicas cumplen con su obligación de rendir cuentas. Al margen de la función jurisdiccional de los tribunales y de los sistemas de control internos, tenemos las funciones que ejercen los órganos de control externo. Principalmente, el  Tribunal de Cuentas y la Plataforma de Rendición de Cuentas Generales de las Entidades Locales, los consejos de Transparencia y Gobierno (estatal y autonómicos),  y los Tribunales de Contratación Administrativa.

Por tanto, debemos saber que gracias a la rendición de cuentas los ciudadanos podemos participar activamente en los asuntos públicos. Podemos supervisar y controlar la gestión que los poderes públicos llevan a cabo del dinero de todos y conocer en última instancia sus decisiones.

Si necesitas asesoramiento para cualquier tipo de procedimiento relativo a la rendición de cuentas, ponte en contacto con nosotros y te ayudamos.