Un adelanto del debate sobre la reducción del gasto

Al margen de los grandes debates sobre las cuestiones monetarias y fiscales, y del papel que debe de jugar el gasto publico para sortear tiempos de crisis, que corresponde a otros niveles políticos, en el ámbito local, como ya se ha señalado desde aquí en alguna otras ocasiones, las cosas son mas concretas. Los flamantes candidatos a las elecciones del próximo  22 de mayo, deben de desterrar la vana ilusión de que el Estado o las CC AA vengan a sanearlos, y por lo tanto, no tienen mas remedio que plantearse un programa de medidas para poder hacer viables los servicios de su ciudad. Es muy difícil que puedan seguir gastando sin asegurar los pagos.

Entre tanto parece que ya empieza a abrirse un debate en cada ciudad acerca de como afrontar la difícil situación de las haciendas municipales. Seguramente porque ya son muchas las personas perjudicadas por la morosidad de sus ayuntamientos y comunidades. En los medios empiezan a dejarse ver propuestas sobre la reducción de gastos. Estas propuestas permiten la reflexión y animan el debate, para que tanto los candidatos como la ciudadanía, se posicione en los asuntos de su ciudad.

Con este animo hemos querido recoger aquí las que se plantean en la sección de opinión del diario La Verdad.

1.- Adherencias: entidades y grupos sociales ajenos a la Administración obtienen dinero de los presupuestos públicos para financiar sus actividades. Son las subvenciones y ayudas a grupos y familias sin ánimo de lucro. Habría que revisarlas todas. Y valorar sus fines y las razones por las que hayan de ser financiadas con fondos públicos. Por ejemplo, las actividades culturales ¿se deben someter a las leyes del mercado? Ni Bisbal ni Lady Gagá necesitan subvenciones públicas. Ni Mario Vargas Llosa pide que sus libros los edite una imprenta oficial. O, por ejemplo, ¿ha llegado ya el momento de debatir si los partidos y los sindicatos se deben financiar con fondos públicos o, por el contrario, con las aportaciones de sus afiliados?.

2.- Actividades empresariales innecesarias: quizás tendríamos que resucitar el viejo principio de subsidiariedad. Las administraciones públicas no deberían desarrollar actividades sociales o económicas cuando sea la sociedad las que las desarrolla. Se trata de recuperar el concepto de servicio público. Si hay emisoras de radio privadas, no tiene sentido que las haya públicas. Y lo mismo ocurre con las televisiones. Dejemos el comercio y la industria para la sociedad, y que no se metan las administraciones.

3.- Competencias impropias: el sentido de la cercanía a los ciudadanos, y un cierto electoralismo, han determinado que muchos municipios asuman competencias que no les corresponden. Así se duplican servicios, y se encarecen. Por ejemplo, ¿necesitamos tantos policías municipales? ¿No es suficiente con la Guardia Civil y la Policía Nacional?.

4.- Ineptitudes asesoradas: si un cargo público necesita muchos asesores, es que no sirve para ese cargo. Elijamos mejor. Y si se trata de colocar con sueldo público a amigos y clientes, no lo consintamos.

5.- Clientelismo: un político del siglo XIX cuenta en sus memorias que estando de ministro visitó su pueblo natal. Se celebró un mitin en el teatro. El político en su discurso dijo: «¿Qué puedo hacer por vosotros?». Alguien desde el patio de butacas contestó en voz alta: «Colócanos a todos». Esto no puede ser.

6.- Electoralismo: repasemos los gastos en publicidad y propaganda en los presupuestos de las distintas administraciones públicas. Las instituciones no necesitan publicidad de su gestión. Los políticos, sí. Que la paguen ellos.

7.- La intermediación encarece las obras y servicios: estudiemos minuciosamente la razón de ser de los costes. Me da la impresión de que en muchos casos se podrían bajar.

8.- La corrupción es cara: si alguien saca provecho de la gestión pública, los demás ciudadanos terminaremos pagando todo lo aprovechado.

No he intentado señalar. Que nadie se dé por aludido. Ni tampoco he pretendido ser exhaustivo. Cabría expresar decenas de reflexiones sobre el gasto público. ¿Conclusiones? Se podrían obtener muchas. Apuntemos solamente una: sería un acierto el que por ley se prohibiese el déficit público. Y también lo sería si se exigieran responsabilidades a los administradores públicos. Por supuesto, responsabilidades políticas. Pero también, si procede, penales.