José Cano, socio de la firma de abogados y consultores, expuso su visión en las charlas sobre la gestión de servicios públicos en la legislación contractual y local organizadas por CIGOB y Cosital Granada En su turno, Cano versó sobre en qué consisten los denominados servicios a las personas, y cómo se han regulado en la nueva Ley de Contratos y en la normativa de desarrollo autonómico José Cano, abogado y consultor de ACAL ha formado parte este viernes 19 de octubre, en Granada, del seminario organizado por el CIGOB (Centro Iberoamericano de Gobernabilidad) y COSITAL Granada (Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Granada) para hablar de la gestión de los servicios públicos en la legislación contractual y local. Por su parte, el letrado de la firma ha explicado en qué consisten los denominados servicios a las personas, y cómo se han regulado en la nueva Ley de Contratos y en la normativa de desarrollo económico. El seminario se centra en la nueva directiva de la Unión Europea sonbre contratación pública (2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014). Con estas jornadas, se quiere hacer hincapié en la supresión del contrato de colaboración … Continúa leyendo ACAL, presente en las jornadas del CIGOB en Granada

Como ya se expuso en una entrada anterior bajo el título “La motivación de las sentencias es un derecho fundamental”, la falta de motivación de las resoluciones judiciales conduce a la arbitrariedad, y la ausencia de fundamentación supondría una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico, por lo que el artículo 24 de la Constitución Española impone a los órganos judiciales, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas por las partes sino que, además, ésta ha de tener un contenido jurídico y no resultar arbitraria. En igual sentido, el artículo 120.3 del texto constitucional determina expresamente que “las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública”. Esta exigencia constitucional de motivar debe presidir todo el proceso de construcción de una decisión judicial, evitando el juzgador contradicciones en su razonamiento y no construir decisiones manifiestamente contradictorias, ajenas a la lógica de la norma aplicada a las premisas fácticas del caso concreto. Así, entre otras, la STS 303/2015, de 25 de junio estableció que: “La motivación de las sentencias consiste en la exteriorización del iter decisorio o conjunto de consideraciones racionales que justifican el fallo. De esta forma, la motivación de las sentencias se presenta como una … Continúa leyendo La exigencia de motivación de las resoluciones judiciales

A la espera de la aprobación de la futura Ley Orgánica de Protección de Datos, aún en trámite parlamentario, el pasado 31 de julio entró en vigor el Real Decreto- Ley 5/2018, de 27 de julio, aprobado por el Ejecutivo por vía de urgencia. Estableciendo una serie de medidas urgentes destinadas a adaptar el Derecho Español al nuevo Reglamento General de Protección de Datos – en adelante RGPD-, que como es sabido, comenzó a desplegar plenos efectos sobre los Estados Miembros el 25 de mayo del año en curso. La plena aplicación del RGPD en España, implica que hayan de considerarse desplazadas aquellas disposiciones de nuestro Derecho interno que no resulten conformes con lo establecido en el mismo, como así sucede con muchos preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, creando así la necesidad de suplir ese vacío jurídico. Además, son numerosos los preceptos del reglamento europeo que remiten al ordenamiento nacional. De igual forma, existen disposiciones que, pese a no existir una remisión directa y expresa, exigen de una adecuación del derecho interno a las … Continúa leyendo El Ejecutivo aprueba medidas urgentes en materia de protección de datos

El pasado 5 de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) ha dictado dos Sentencias, por las que resuelve sendas cuestiones prejudiciales españolas y en las que viene a corregir la doctrina que previamente había establecido con su célebre Sentencia de 14 de septiembre de 2016, dictada en el asunto C-596/14 entre Ana de Diego Porras y el Ministerio de Defensa. En este sentido, conviene recordar que la Sentencia “de Diego Porras” fue la respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre si la falta de indemnización por finalización del contrato de interinidad en nuestro ordenamiento jurídico era contraria al principio de no discriminación respecto de los trabajadores fijos que viene recogido en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, cuya cláusula 4 establece en su apartado 1 que: “Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de … Continúa leyendo El TJUE corrige su doctrina «de Diego Porras»

El nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) lleva en vigor desde el 24 de mayo de 2016. Sin embargo, ha sido el pasado 25 de mayo de 2018 cuando éste ha comenzado a desplegar sus efectos y, pese ha haber tenido dos años para poder adaptarnos a sus novedades normativas y prácticas, lo cierto es que la mayoría han aguantado hasta el último momento para ponerse «manos a la obra». El RGPD se ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico y ha comenzado a convivir junto con la actual, y aún vigente, Ley Orgánica 15/999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal que configuran a día de hoy nuestro marco normativo en materia de protección de datos. Por lo que respecta al ámbito público, las Administraciones Locales, al igual que el resto de Administraciones Públicas, son responsables y en ocasiones encargadas del tratamiento que se realiza con los datos que manejan en el desarrollo de sus funciones. Es por ello que el RGPD tiene un fuerte impacto sobre la gestión pública en materia de protección de datos y requiere un gran esfuerzo en la adaptación al nuevo … Continúa leyendo Itinerario de adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos para Administraciones Locales