Emprender un procedimiento judicial conlleva gastos. No solo los gastos que ha de asumir la persona o entidad, que quiere demandar o que se enfrenta a una demanda contraria, sino que cabe la posibilidad de que el procedimiento finalice con imposición de costas procesales, es decir, la obligación de que una de las partes indemnice a la otra como consecuencia de haber visto rechazadas sus pretensiones en el Juzgado. Las costas procesales o judiciales, por lo tanto, son sufragadas por las partes. En este sentido, el Juzgado o Tribunal competente para conocer del asunto terminará dictando resolución en la que decide si impone las costas, a qué parte las impone y con qué limites.  Hay que significar que, generalmente, rige el principio del vencimiento, de manera que «quien pierde paga». Qué es la condena en costas Las costas en el orden contencioso-administrativo son los gastos económicos en que cada una de las partes incurre durante el procedimiento judicial y que se deberán sufragar. Las costas incluyen los gastos propios del procedimiento judicial. Se trata de los honorarios de los profesionales que intervienen (procuradores, abogados y peritos, principalmente). La condena en costas consiste en la imposición a una de las partes … Continúa leyendo La condena en costas en el orden contencioso-administrativo

El derecho administrativo es una materia compleja, lo cual hace que no sea extraño que surjan dudas con respecto a su aplicación dentro de los procedimientos en los que la Administración pública se ve envuelta. Es entonces cuando entra en juego el principio in dubio pro actione, que beneficia directamente a los administrados. Qué es el principio in dubio pro actione en el derecho administrativo “En caso de duda, a favor de la acción” es el significado literal de esta locución latina. Se trata de una regla jurídica vinculada con el principio de economía procedimental. Si surgen dudas a la hora de resolver un procedimiento administrativo, se debe aplicar la interpretación que más favorezca los derechos de los interesados. Dicho de otra manera. Si aparecen dudas en el procedimiento, se da prevalencia a la intención que se ha tenido con su interposición. Este principio no está expresamente recogido en las Leyes, pero sí ha de regir el funcionamiento de la Administración, como forma de proteger y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 24 de la Constitución. Lo que busca es garantizar que haya una decisión sobre el fondo del asunto a nivel administrativo, a … Continúa leyendo El principio in dubio pro actione en procedimientos administrativos 

Nuestra legislación determina que la Administración pública puede revisar sus propios actos, y una de las formas de hacerlo es a través de la declaración de lesividad. Qué entendemos por lesividad en Derecho Administrativo Según el artículo 107 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración puede impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa sus propios actos favorables para los interesados. Siempre y cuando lleve a cabo en primer lugar una declaración de lesividad. La lesividad se produce cuando la Administración emite un acto contrario al interés general, a pesar de que puede tener efectos positivos para los interesados. Por eso, el ordenamiento jurídico habilita a la propia Administración que lo ha dictado para instar su anulación. Para que se pueda declarar la lesividad de un acto, este debe adolecer de algún vicio de anulabilidad de los previstos en la normativa: Infringir el ordenamiento jurídico. Incurrir en una desviación de poder. No cumplir los requisitos formales necesarios para alcanzar su fin o generar indefensión a los interesados. Ser dictado fuera del plazo establecido, si la naturaleza del plazo así lo determina. Se exige, además, que el acto sea favorable para los interesados (declarativo de un derecho) y … Continúa leyendo La declaración de lesividad en la Administración pública

Entre los derechos fundamentales, nuestra Constitución regula en su artículo 29 el que es, con diferencia, el más desconocido. Sin embargo, es importante tener claro qué es el derecho de petición, porque estamos ante una prebenda que nos ofrece nuestro ordenamiento jurídico y que podemos ejercer cuando consideremos necesario. ¿Sabes qué es el derecho de petición? Para entender bien el derecho de petición, vamos a dirigirnos a la regulación constitucional. Esta señala en su artículo 29.1 que todos los españoles tienen derecho de petición individual y colectiva, por escrito y en la forma y con los efectos que determine la ley. Como esta es una regulación demasiado escueta, fue necesario un desarrollo legislativo del que luego hablaremos. El derecho de petición es, por tanto, un derecho fundamental que nos habilita para dirigirnos de forma individual o colectiva a la Administración y a los poderes públicos. Para poner a estos en conocimiento de unos determinados hechos, solicitar su intervención en algún aspecto, o ambas cosas a la vez. Solo ejercemos este derecho cuando dirigimos una petición que no tenga relación con un objeto para el que esté regulado un procedimiento propio. Si son temas que deben tratarse en el Parlamento o a … Continúa leyendo Qué es el derecho de petición

Impugnar las preguntas de una oposición  es algo relativamente habitual porque no es extraño que, dentro de una convocatoria de empleo público, algunos de los aspirantes estén disconformes con cómo se está desarrollando la misma. Si has participado en una oposición y crees que en el examen había preguntas que no eran correctas, o si has detectado cualquier otra irregularidad, tienes derecho a presentar una reclamación. Motivos para impugnar un examen de oposiciones Las oposiciones tienen que ser justas y transparentes, porque solo así se puede garantizar el derecho de acceso al empleo público en condiciones de igualdad. Precisamente por ello, la mayoría de los casos en los que los aspirantes optan por impugnar oposiciones, es porque han detectado alguna circunstancia que les ha puesto en desventaja con respecto a otros candidatos. Estas son algunas de las causas más habituales: Falta de igualdad de oportunidades Si el proceso ha supuesto algún tipo de discriminación para unos candidatos y un trato de favor para otros. Por ejemplo, si se ha producido una discriminación por razón de género o de raza. Incumplimiento de las bases de la convocatoria El proceso selectivo debe ajustarse de forma estricta a lo dispuesto en la convocatoria. … Continúa leyendo Cómo impugnar las preguntas de una oposición