Agotar la vía administrativa implica que la única alternativa que le queda al ciudadano para obtener una respuesta acorde con sus intereses es recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero no todos los actos que dicta la Administración ponen fin a la tramitación ante la misma. Por eso, es importante conocer cuáles son esos actos, y qué implica exactamente que ya no se pueda actuar de ninguna forma frente a la Administración. Qué significa agotar la vía administrativa La vía administrativa está compuesta por el conjunto de procedimientos y de recursos que permiten a cualquier ciudadano defender sus derechos o intereses legítimos frente a las autoridades administrativas. En ella es posible presentar alegaciones, plantear solicitudes de revisión de los actos administrativos e interponer recursos frente a los actos administrativos. Cuando se agota la vía administrativa, esto quiere decir que ya no hay más procedimientos ni recursos que se puedan interponer dentro de la propia Administración Pública. Para seguir defendiendo sus derechos e intereses legítimos, el ciudadano tendrá que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. De hecho, para poder acceder a esta última, en la mayoría de los casos es absolutamente necesario agotar la vía administrativa previamente. Una cuestión a tener en cuenta … Continúa leyendo Qué implica agotar la vía administrativa en un proceso

El procedimiento ordinario contencioso administrativo ofrece a los ciudadanos una vía garantista para hacer valer sus derechos cuando entran en conflicto con los de la Administración pública. Sin embargo, no siempre se puede acudir al contencioso como primera opción, sino que puede que antes haya que intentar resolver el litigio con el propio órgano administrativo o con su superior. Para entender todas estas cuestiones, es conveniente que nos adentremos en sus particularidades. En qué consiste el procedimiento ordinario contencioso administrativo y cómo se regula En lo contencioso-administrativo, el procedimiento ordinario es el cúmulo ordenado de trámites que tienen la misión de resolver los recursos que se interponen contra los actos de la Administración pública. Es decir, que a través del recurso, se intenta conseguir la impugnación de alguna actuación administrativa ante el juez o tribunal, y la norma que lo regula es la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA). Diferencia entre vía administrativa y judicial En los conflictos con las Administraciones públicas existe una particularidad, y es que, como regla general, no se acude directamente a la vía jurisdiccional, sino que antes hay que intentar solucionar el conflicto con la propia Administración, interponiendo los … Continúa leyendo Procedimiento ordinario contencioso administrativo

En las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones públicas debe asegurarse en todo momento la superior protección del interés general. Una forma de materializar esa garantía es a través del procedimiento administrativo, que reduce el margen de discrecionalidad de la Administración. Pero, además, si no estamos de acuerdo con el resultado del procedimiento, podremos impugnarlo, empleando distintos tipos de recursos administrativos. Qué es la vía administrativa Cuando un conflicto tiene como contraparte a la Administración pública, aparece la vía administrativa, que es distinta de la judicial. Esto significa que, al impugnar un acto administrativo, la ley nos obliga a intentar resolver esa discrepancia con la misma Administración que ha dictado del acto en cuestión. Solo una vez agotada esa vía, podremos acudir a la judicial. Ahora bien, habrá ocasiones en las que la ley nos permitirá interponer directamente el recurso contencioso-administrativo. Todo dependerá de la naturaleza del acto a impugnar. Qué son los recursos administrativos La vía administrativa es previa a la judicial, y existe generalmente la obligación de agotarla para poder plantear el recurso contencioso-administrativo con posterioridad. Pero ¿cómo haremos uso de la vía administrativa? A través de los recursos, que son el instrumento jurídico previsto para impugnar los … Continúa leyendo Tipos de recursos administrativos

En la mayoría de ocasiones, algunos términos del mundo jurídico, como puede ser en este caso el de la multa coercitiva, puede parecer difícil de entender. Seguro que más de una vez te has preguntado qué es una multa coercitiva, para qué sirve, o si, como su nombre indica, esta puede incluir una sanción económica en caso de que sea impuesta. Qué son las multas coercitivas Este término, que es muy común en el ámbito de la Administración, es un medio de ejecución forzosa de actos administrativos que consiste en imponer una serie de multas reiteradas en el tiempo. Esta imposición reiterada en lapsos de tiempo tiene como objetivo inducir al sujeto obligado a cumplir lo ordenado por la Administración después de haber incumplido previamente un acto administrativo. En cuanto a su regulación, la encontramos recogida en el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. A pesar de lo que puedan pensar muchos usuarios, este instrumento no tiene naturaleza sancionadora, por lo que, al ser independiente, es perfectamente compatible con otras posibles sanciones. De ello da buena cuenta el apartado 2 del citado artículo 103, en donde se señala … Continúa leyendo Multa coercitiva y su aplicación en el ámbito administrativo

Cuando se trata con las Administraciones públicas, en la mayoría de las ocasiones, no se tienen muy claro los derechos que se tienen y las obligaciones. Los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo son muy amplios y es importante conocerlos cuando iniciamos o continuamos un procedimiento.  Quiénes son los interesados en un procedimiento administrativo De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo:  Los que lo promuevan por ser titulares de derechos o intereses legítimos, ya sean individuales o colectivos.  Quienes, aunque no hayan iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan ser afectados por la decisión que se tome en el procedimiento.  Quienes cuyos intereses legítimos, ya sean individuales o colectivos, puedan verse afectados por la resolución del procedimiento y se personen en él cuando aún no haya resolución definitiva.  Las asociaciones y organizaciones que representen intereses económicos o sociales y que sean titulares de intereses legítimos colectivos.  Los interesados en un procedimiento administrativo podrán actuar a través de un representante, que podrán ser personas físicas con capacidad de obrar y personas jurídicas, que actúen … Continúa leyendo Derechos de los interesados en el procedimiento administrativo