Cuando una persona supera una oposición, obtiene una seguridad laboral para el resto de su vida: su puesto de trabajo en la Administración será permanente hasta su jubilación. Sin embargo, este estatus no es un escudo frente a cualquier tipo de actuación. Para no tener problemas, hay que actuar conforme a la legalidad y no incurrir en ninguna infracción relacionada con el cargo. En caso de ser así, existe la herramienta de los expedientes disciplinarios a funcionarios. Esta es una de las fórmulas sancionadoras más habituales en el ámbito de la administración pública y son muchos los trabajadores que cada año se encuentran ante un expediente disciplinario. ¿Cuándo se imponen estos castigos? ¿Cuáles son sus fases? ¿Qué repercusiones pueden tener? ¿Cómo reclamarlos? Repasamos algunos de los puntos más importantes de las causas de expediente disciplinario a un funcionario y cómo actuar frente a ellos. Qué es un expediente disciplinario Gran parte de la regulación relativa a las sanciones disciplinarias a funcionarios está recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre, en concreto, en el Título VII, referido al régimen disciplinario. En este texto se actualiza la normativa de sanciones para los profesionales … Continúa leyendo Los expedientes disciplinarios a funcionarios públicos: causas, fases y cómo reclamarlos

El recurso de amparo constitucional es la máxima medida de garantía para la protección de los derechos fundamentales, establecida en nuestro ordenamiento jurídico. Si una persona ha visto vulnerados sus derechos más esenciales, puede acudir al Tribunal Constitucional en defensa de los mismos. Se encuentra regulado en los artículos 41 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Qué es el recurso de amparo constitucional Es un procedimiento legal al que la propia Constitución hace referencia dentro de su articulado, destacando su importancia como último paso dentro del sistema jurisdiccional español para la defensa de los derechos fundamentales si estos han sido violados. Se sustancia ante el Tribunal Constitucional y él existen diferentes tipologías: Recurso de amparo contra decisiones parlamentarias, que procedan de las Cortes, de sus órganos, o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o de sus respectivos órganos. Recurso de amparo contra decisiones gubernativas y administrativas, frente a actos jurídicos, vías de hecho, omisiones y disposiciones que emanen del Gobierno, de los órganos ejecutivos de una comunidad autónoma o de sus autoridades o funcionarios. Recurso de amparo contra decisiones judiciales, frente a acciones u omisiones judiciales que de modo directo o indirecto hayan vulnerado los derechos fundamentales … Continúa leyendo Recurso de amparo constitucional

Hasta hace unos años, la contratación pública se consideraba terreno exclusivo de las grandes empresas. Pero, a medida que los trámites se han simplificado y la Administración se ha digitalizado, cada vez son más las pymes y los autónomos que se animan a participar en las licitaciones. Para garantizar que su oferta sea tenida en cuenta, todas las personas y entidades que participan en estos procesos deben estar al tanto del requerimiento de subsanación. Una medida que concede a los interesados un plazo para corregir los posibles errores o defectos detectados en la documentación presentada. ¿Qué es el requerimiento de subsanación? Los interesados en acceder a una contratación pública deben presentar sus solicitudes dentro del plazo previsto para ello. Una vez agotado el tiempo, la Administración examinará las ofertas y, si aprecia en ellas algún error subsanable, informará de ello a quien las ha presentado. No todos los errores se pueden subsanar. Aquellos que no se pueden corregir provocan que la solicitud se tenga directamente por no presentada y se descarte para el procedimiento de licitación pública. Si el error o defecto es subsanable, se lleva a cabo un requerimiento de subsanación. Este es el procedimiento mediante el cual la Administración … Continúa leyendo Requerimiento de subsanación de ofertas en la contratación pública

Agotar la vía administrativa implica que la única alternativa que le queda al ciudadano para obtener una respuesta acorde con sus intereses es recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero no todos los actos que dicta la Administración ponen fin a la tramitación ante la misma. Por eso, es importante conocer cuáles son esos actos, y qué implica exactamente que ya no se pueda actuar de ninguna forma frente a la Administración. Qué significa agotar la vía administrativa La vía administrativa está compuesta por el conjunto de procedimientos y de recursos que permiten a cualquier ciudadano defender sus derechos o intereses legítimos frente a las autoridades administrativas. En ella es posible presentar alegaciones, plantear solicitudes de revisión de los actos administrativos e interponer recursos frente a los actos administrativos. Cuando se agota la vía administrativa, esto quiere decir que ya no hay más procedimientos ni recursos que se puedan interponer dentro de la propia Administración Pública. Para seguir defendiendo sus derechos e intereses legítimos, el ciudadano tendrá que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. De hecho, para poder acceder a esta última, en la mayoría de los casos es absolutamente necesario agotar la vía administrativa previamente. Una cuestión a tener en cuenta … Continúa leyendo Qué implica agotar la vía administrativa en un proceso

El procedimiento ordinario contencioso administrativo ofrece a los ciudadanos una vía garantista para hacer valer sus derechos cuando entran en conflicto con los de la Administración pública. Sin embargo, no siempre se puede acudir al contencioso como primera opción, sino que puede que antes haya que intentar resolver el litigio con el propio órgano administrativo o con su superior. Para entender todas estas cuestiones, es conveniente que nos adentremos en sus particularidades. En qué consiste el procedimiento ordinario contencioso administrativo y cómo se regula En lo contencioso-administrativo, el procedimiento ordinario es el cúmulo ordenado de trámites que tienen la misión de resolver los recursos que se interponen contra los actos de la Administración pública. Es decir, que a través del recurso, se intenta conseguir la impugnación de alguna actuación administrativa ante el juez o tribunal, y la norma que lo regula es la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA). Diferencia entre vía administrativa y judicial En los conflictos con las Administraciones públicas existe una particularidad, y es que, como regla general, no se acude directamente a la vía jurisdiccional, sino que antes hay que intentar solucionar el conflicto con la propia Administración, interponiendo los … Continúa leyendo Procedimiento ordinario contencioso administrativo