Nuestro sistema tributario es muy rico en impuestos, algunos de los cuales son grandes desconocidos para el público general. Uno de ellos es el impuesto de plusvalía, un tributo local que aporta más de 2.000 millones de euros a los ayuntamientos. En este post detallaremos qué es el impuesto de plusvalía, de qué factores depende, quién está obligado a pagarlo y cómo se calcula, así como todas sus vicisitudes. Qué es la plusvalía La plusvalía o el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un impuesto local directo y de carácter potestativo que se aplica al incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana cuando se produce la transmisión de la propiedad, ya sea por donación o por compraventa. De qué factores depende el impuesto de plusvalía El importe a abonar depende de dos factores: El valor catastral del terreno en el momento de la donación o la compraventa. Los años que el vendedor, donante o causante haya tenido en propiedad dicho terreno. Así, será necesario multiplicar el porcentaje de incremento por el número de años durante los cuales el vendedor o donante ha estado en posesión del terreno. Quién lo recauda y … Continúa leyendo Plusvalía: qué es, a quién le corresponde pagar y cómo se calcula

Las nuevas tecnologías han traído grandes avances en la práctica jurídica de nuestro país, como la plataforma Lexnet para la presentación de escritos y la notificación de resoluciones judiciales, la cual ha provocado en más de una ocasión algún que otro problema y quebradero de cabeza a todos los profesionales de la Justicia.[1] De uno de estos problemas de la tecnología en la práctica judicial de los juzgados y tribunales españoles, es sobre lo que trata la presente entrada; en concreto, de las deficiencias en las grabaciones de los juicios orales en el orden jurisdiccional penal, y las posibles consecuencias de las mismas. El pasado 24 de mayo de 2017 el Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo aprobó por unanimidad el siguiente Acuerdo: “1. El actual sistema de documentación de los juicios orales es altamente insatisfactorio y debería ser complementado por un sistema de estenotipia. Dada la naturaleza de las deficiencias observadas en numerosos casos, habrá de garantizarse, en relación con lo dispuesto en el artículo 743 de la LECrim, la autenticidad, integridad y accesibilidad del contenido del soporte que se entregue a las partes y del que se remita a los Tribunales competentes para la … Continúa leyendo Las deficiencias en la grabación del juicio penal. Posible causa de absolución.

El pasado 30 de mayo de 2014 se dictó sentencia por el Tribunal Supremo en el recurso de casación en interés de la Ley nº 2362/2013), por la cual se acogió la interpretación realizada por el TSJ de Extremadura en su sentencia de 26 de marzo de 2013 que interpretaba el alcance del artículo 7.2.b) del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo , en la redacción anterior a la reforma operada por Ley 13/2015, de 24 de junio, que consideraba suelo de naturaleza urbana, entre otros, los «terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial o urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo«. En concreto, en dicha sentencia se establecía expresamente que sólo podían considerarse bienes inmuebles urbanos a efectos catastrales los ubicados en el suelo urbanizable sectorizado ordenado, así como el suelo sectorizado no ordenado a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para … Continúa leyendo Posibilidad de invocar error en la clasificación catastral del inmueble frente a las liquidaciones tributarias del IBI y del IIVTNU. Últimos pronunciamientos jurisprudenciales.

Tras la entrada en vigor el pasado 22 de julio de 2016 del nuevo recurso de casación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, establecido por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, se han comenzado a dictar las primeras resoluciones judiciales del Tribunal Supremo (en adelante TS) sobre las exigencias y requisitos que deben cumplirse para acceder a la casación, haciendo especial hincapié en el denominado “interés casacional” como piedra angular de dicho recurso. A este respecto, en el presente artículo se intentará sistematizar el nuevo recurso de casación, con referencia a pronunciamientos recientes del TS que han ido definiendo este recurso y las exigencias que deben cumplirse, con referencia a los aspectos formales y sustantivos más relevantes. Debemos comenzar determinando qué resoluciones son recurribles en casación, ya que con la nueva regulación se han ampliado a resoluciones susceptibles de casación a las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y las dictadas en apelación por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. En concreto, respecto la admisión del recurso de casación frente a sentencias dictadas en única instancia por los … Continúa leyendo Análisis del recurso de casación contencioso-administrativo, a la vista de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo.

En la dogmática de las instituciones jurídicas públicas, normalmente, la naturaleza de las cosas viene determinada por su esencia y no por las cuestiones subjetivas que concurren en cada caso. Por la cualidad de los sujetos intervinientes es posible que se introduzcan variables de distinto alcance, pero lo que no podrán nunca es alterar sustancialmente una institución. Ello nos llevaría a que un acto administrativo, una notificación, una concesión, una licencia, una autorización o cualquier otra institución iría mutando según los sujetos intervinientes, y con su cambio se alterarían igualmente las potestades (en el terreno público) y las garantías (en terreno de los particulares).  Sería algo intolerable, contrario a los más elementales principios de igualdad y equidad, y pondría en grave riesgo el interés público propiamente dicho pues quedaría al albur de los sujetos intervinientes. En entradas anteriores de este blog ya veníamos advirtiendo de una peligrosa línea que se estaba abriendo en relación con las contraprestaciones que pagan los usuarios del servicio doméstico de agua potable.  Algunas de las empresas operadoras del sector venían aplicando una doctrina según la cual, si el servicio se gestionaba en régimen de concesión, los ingresos que estas empresas percibían no eran una tasa, … Continúa leyendo La tarifa del servicio de agua potable: ¿tasa o prestación patrimonial?