Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 17/2020, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. Aunque, aparentemente, no se trata de una norma enfocada al ámbito de contratación administrativa, tres disposiciones sí están dedicadas a las medidas adoptadas en esta materia durante la crisis sanitaria. Veamos a continuación qué novedades trae el RD-ley 17/2020. Disposición final octava. Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Se modifica la redacción del art. 33 LCSP en el siguiente sentido: a efectos de la consideración de medio propio personificado de un entidad perteneciente al sector público, se suprime la referencia al art. 42 del Código de Comercio, en cuanto a la determinación del control que ejerce la entidad que hace el encargo, y se sustituye por una remisión al artículo 32.2 a) de la LCSP, esto es, que el ente que realiza el encargo ejerza un control análogo al que ostenta respecto de sus propios servicios o unidades. Disposición final novena. Modificación del RD-ley 8/2020, de 17 de marzo. 1. Abonos a cuenta. … Continúa leyendo ¿Cómo afecta el Real Decreto-ley 17/2020 a la contratación administrativa? Resumen de novedades en la ley de contratos

El pasado día 29 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional (BOE núm. 77, de 30 de marzo de 2019). Como indica el extenso título de la norma, aparte de su contenido principal se aborda, bajo la genérica referencia a “otras medidas”, una reforma parcial del reciente Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, del que nos hacíamos eco en esta entrada del blog. De entrada, llama la atención el esfuerzo argumentativo que dedica la exposición de motivos a la hora de justificar la concurrencia de razones de extraordinaria y urgente necesidad que avalarían esta modificación legislativa, a menos de un mes de las próximas elecciones locales. Y, a tal efecto se invoca, de manera ciertamente alarmista, los eventuales «conflictos que se pueden generar tras la celebración de las … Continúa leyendo Reforma del régimen de los habilitados nacionales en las entidades de ámbito inferior al municipio

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de enero de 2019 (sección 3ª, Sala de lo contencioso administrativo) analiza la existencia de legitimación activa en el denunciante, cuando éste pretende que se imponga una sanción más grave al denunciado una vez concluido el procedimiento administrativo sancionador. El supuesto analizado parte de la sanción impuesta por el Colegio de Abogados de Ciudad Real a un letrado, a instancia de su cliente, que es calificada como leve. El denunciante, disconforme con esta decisión del Colegio de Abogados, recurre en alzada pretendiendo que se agrave la sanción inicialmente impuesta por considerarla insuficiente. Tanto el Colegio de Abogados como, posteriormente, el Juzgado de lo contencioso administrativo, rechazan la legitimación activa del recurrente, manteniendo que, una vez formulada denuncia, no existe un derecho subjetivo ni interés legítimo a que el denunciado sea sancionado en un determinado sentido. Sin embargo, ya en fase de apelación, la Sala de lo contencioso-administrativo de Castilla-La Mancha revoca la sentencia del Juzgado y sí reconoce un interés legítimo del denunciante a que su daño sea reparado “acorde con la entidad del sufrimiento producido”  (STSJ Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, de 26 de mayo de 2017). Las cuestiones que se suscitan son … Continúa leyendo Alcance de la legitimación del denunciante en un procedimiento sancionador

En esta entrada se abordan dos cuestiones relacionadas con el pago de trienios a aquellos Concejales que, a raíz de su nombramiento, han quedado en situación de servicios especiales en la Administración Pública a la que pertenecen. En primer término, en estos casos se suscita la cuestión relativa a qué Administración –a la que se accedió como funcionario o en la que se desempeña el cargo de Concejal-, debe asumir el abono de los trienios devengados en la Administración de origen. Y, en segundo lugar, habrá que determinar a qué concreto órgano correspondería aprobar el abono de dicha retribución. I.- ¿Qué Administración debe asumir el pago?. La situación administrativa que tiene reconocida el Concejal en estos casos viene regulada en el artículo 87 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). En su apartado 1 el artículo 87 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), dispone que los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales. En el apartado 2 se indica que “quienes se encuentren en situación … Continúa leyendo ¿Quién paga los trienios a los concejales que se encuentran en situación de servicios especiales?

En una entrada anterior, hacíamos referencia a los argumentos por los que considerábamos que las previsiones contenidas en la Disposición Adicional 15ª de la Ley General de Presupuestos del Estado para 2016 (en adelante LPGE 2016), no suponían un impedimento legal a la internalización de un servicio público por una sociedad mercantil municipal ya constituida. Este criterio acaba de ser corroborado ahora en sede jurisdiccional, al desestimarse íntegramente la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado, frente al acuerdo municipal encaminado a que la sociedad mercantil de capital municipal, se hiciese cargo del servicio de limpieza de edificios municipales –que hasta ese momento venía siendo prestado por una entidad mercantil privada-. Obviamente, se trata de una Sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo, y sus consideraciones han de tomarse con la correspondiente cautela; pero, tratándose de una situación extrapolable a otros municipios hemos considerado oportuno dar cuenta aquí de la misma. Pues bien, planteados por el Abogado del Estado como motivos de impugnación al acuerdo municipal, (i) la infracción de la referida D.A. 15ª LGPE 2016, y (ii) la vulneración de los principios de acceso al empleo público, la Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo 1 de Alicante, de 31 … Continúa leyendo INTERNALIZACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO POR SOCIEDAD MUNICIPAL Y SU INCIDENCIA EN LOS PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO