ACAL organizó el jueves 22 de diciembre una sesión de formación interna sobre la contratación laboral en las Administraciones Públicas El empleo público fue el eje de la última sesión de formación interna que el despacho ACAL (Abogados y Consultores de Administración Pública) organizó el pasado jueves 22 de diciembre. La sesión la impartieron Federico Castillo Blanco, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada; y José Antonio Fernández Álvarez, Catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de Granada. Durante la sesión, se trataron temas como la incidencia de la contratación laboral temporal en el ámbito de las Administraciones Públicas, con especial referencia a la figura reconocida jurisprudencialmente del trabajador indefinido no fijo. Del mismo modo, también se abordó la última jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre contratación temporal. Para terminar, tanto Castillo como Fernández, incidieron en la remunicipalización de los servicios públicos, los efectos para los trabajadores del servicio y la posibilidad de incorporación al Ayuntamiento de los mismos tras dicha remunicipalización.    

A veces cuando hablamos de los problemas de la justicia nos limitamos a señalar la sobrecarga de los asuntos a la que se enfrentan los tribunales y las oficinas judiciales. Siendo este hecho muy relevante para el éxito de la función jurisdiccional, en puridad, la cuestión está mal planteada. Realmente el verdadero problema al que se enfrenta la justicia, como servicio público, es resolver los asuntos de manera justa en derecho, dando a cada uno lo suyo. La sobrecarga de trabajo o de expedientes o de asuntos, es un problema subjetivo, del tribunal o de la oficina que padece tal situación. Pero objetivamente, el verdadero problema de la jurisdicción es conseguir que las partes de un litigio salgan del palacio de justicia al que acudieron a resolver sus diferencias, mejor de lo que entraron y con una solución, en derecho, a su problema. Por desgracia esto no siempre es así. Ocurre con frecuencia  que a veces los litigantes salen peor que entraron. Ya hace tiempo que desde las distintas instancias, Consejo General  del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Colegios Profesionales, entre otros, se viene trabajando con soluciones alternativas a las formulas tradicionales de resolver los conflictos que tienen los … Continúa leyendo La mediación ya esta en marcha en la jurisdicción contenciosa.

El denominado canon digital viene ofreciendo últimamente interesantes pronunciamientos judiciales a raíz de las diversas impugnaciones que se han planteado por parte de distintas asociaciones, entidades y empresas afectadas, que han evidenciado  la deficiente regulación jurídica, tanto desde un punto de vista formal como material, del referido gravamen. En primer término, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante Sentencia de 21 de octubre de 2010, resolviendo la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia de Barcelona, constató la inadecuada y discriminatoria trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2001/29, al extender la obligación de abono del canon digital a personas jurídicas y Administraciones Públicas que hacen un uso de los soportes gravados distinto a la realización de copias privadas: “la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, en particular en relación con equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29”. En segundo lugar, una vez aclarada la correcta interpretación de la Directiva comunitaria que regula esta materia, la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante Sentencia de 2 de marzo … Continúa leyendo El canon digital: consecuencias prácticas de la Sentencia de la Audiencia Nacional

Desde que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) se pronunciase en su Sentencia de 21 de octubre de 2010 acerca del concepto de “compensación equitativa”, más conocido como “canon digital”, que recoge el artículo 25 de nuestra Ley de Propiedad Intelectual (LPI), mucho se ha escrito acerca de la interpretación que el tribunal europeo había otorgado a dicho concepto y de cómo ésta iba a influir en nuestro sistema legal. Pues bien, ahora, ya tenemos una sentencia de un tribunal español, que ha aplicado la doctrina del TJCE a un supuesto concreto. Dicha sentencia ha sido dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en el conocido procedimiento seguido por la mercantil Padawan, S.L. frente a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que fue la que hizo “saltar la liebre”, es decir, quien planteó la cuestión prejudicial que dio lugar al pronunciamiento del TJCE. Para comprender el entramado de la cuestión, debemos partir de lo preceptuado por el artículo 25 de la LPI. Para recaudar la compensación equitativa  que prevé esta norma,  se obligó, por medio de la Orden Ministerial de 18 de junio de 2008, a las empresas vendedoras de soportes digitales, a aplicar el “canon digital”, … Continúa leyendo Iniciativas de los Ayuntamientos para reclamar el canon digital