Si trabajas en la administración pública española, hay conceptos jurídicos que necesitas conocer sí o sí. Así, no puedes pasar sin saber qué es la afectación o desafectación de un bien. El régimen jurídico de los bienes de las Administraciones públicas está recogido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones públicas, que contempla en su articulado diversos preceptos que tienen el carácter de básicos, así como otros que son de aplicación plena a todas las Administraciones Públicas. Los bienes de las entidades locales se regulan en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y el RD 1372/1986,  de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las entidades locales. Por su parte las Comunidades Autónomas, dentro del ámbito de sus competencias, aprueban disposiciones normativas que regulan el régimen jurídico de los bienes de las Entidades Locales, referido a su ámbito territorial. Antes de analizar este asunto debemos decir que el artículo 4 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP) clasifica los bienes pertenecientes a las Administraciones Públicas en bienes patrimoniales o de dominio privado y bienes demaniales o de … Continúa leyendo La afectación y desafectación de un bien público

Me temo que, en los últimos tiempos, venimos asistiendo a una progresiva devaluación de nuestro sistema de selección. Si yo mismo, y en este mismo blog (aquí y aquí), me he hecho eco de la necesidad de repensar nuestros procesos de captación de talento como ahora se estila decir, otra cosa, y bien distinta, es lo que está aconteciendo al socaire de ello en numerosas, en demasiadas diría yo, Administraciones Públicas. Y es que comienzo a barruntar, lo que es indudablemente peor, que algunas reformas de los procesos de selección puede no hacerse en la buena dirección. Ciertamente, y creo que hay datos irrefutables, nuestros procesos de selección son francamente mejorables. Dicho ello lo que no parece de recibo es la puesta en cuestión del principio de mérito al socaire de dicho argumento. Y conviene, por este motivo, hacer alguna reflexión al respecto. 1. ¿Por qué optar por un sistema de mérito?0 Nuestro sistema constitucional, al plantearse la selección de los empleados públicos, optó decididamente por un sistema de mérito frente al sistema de patronazgo. Con arreglo al sistema weberiano de burocracia, como ya se había establecido desde el S. XVIII en la Declaración de los Derechos del Hombre y … Continúa leyendo La progresiva devaluación del sistema de mérito

Para nadie medianamente informado es un secreto que España es uno de los países de la Unión Europea con mayor número de expedientes de infracción abiertos por incumplimiento de la normativa europea que regula el tratamiento de las aguas residuales. No está de más señalar, a fin de tener conciencia de la gravedad del problema, que las aguas residuales no tratadas pueden estar contaminadas con bacterias y virus por lo que suponen un riesgo para la salud humana y pueden contaminar lagos, ríos, suelos, costas y aguas subterráneas. Contienen asimismo nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, capaces de dañar las aguas dulces y el medio marino al favorecer la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida. La Comisión, como se ha expuesto, había incoado varios procedimientos de infracción por la falta de recogida y tratamiento de aguas residuales en un gran número de aglomeraciones de toda España lo que ha dado lugar inclusive a distintas sentencias del Tribunal contra nuestro país multándolo, sustantivamente y mediante multas coercitivas hasta su cumplimiento, por su demora en dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa europea (por todas puede verse la STJUE de 25 de julio de 2018 C-205/2017). … Continúa leyendo La controvertida competencia sobre el tratamiento de aguas residuales y la urgencia de acometer una revisión del sistema (de todo)

El más que frecuente incumplimiento de los plazos en la actuación administrativa por parte de la Administración es un lugar recurrente. Sucede en el dictado de actos administrativos, pero también en el ejercicio de sus potestad reglamentaria. Ciertamente la posición institucional de la Administración pública, y su vocación de servicio al interés general, ameritan “privilegios” en más a fin de hacer posible, en la medida necesaria eso sí, dicho loable objetivo. Sucede, como bien se sabe, a propósito de la invalidez de la actuación administrativa en que se consagra el principio de que cuando la misma sea realizada fuera del tiempo establecido para ésta sólo implicará la anulabilidad de los actos administrativos dictados cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo que es objeto de incumplimiento. Dichos privilegios, como luego se verá, serán de aplicación también al ejercicio de la potestad reglamentaria. Y es que, en este breve comentario, nos preguntaremos qué pasa con los reglamentos cuando acontece esa desidia de la Administración en cumplir los compromisos impuestos normativamente. ¿Implica la invalidez de los mismos?, ¿se produce alguna consecuencia cuando se dictan fuera del tiempo establecido en el caso de los denominados reglamentos ejecutivos?, ¿puede existir responsabilidad patrimonial en … Continúa leyendo La demora en la aprobación de reglamentos y su eventual indemnización

Que las revueltas del mundo político local son muchas y no siempre coherentes con lo que votó la ciudadanía no es nada nuevo. Que se producen hechos de travestismo político en la vida local más a menudo de lo que sería de desear tampoco es nuevo. Que, en algunos casos (en algunos), esos hechos que debieran ser deplorados por tirios y troyanos, lo que no siempre ocurre cuando del ejercicio del poder se trata, pueden calificarse de inconfesables tampoco es algo nuevo ni que no se conozca por la ciudadanía en general gracias a los medios de comunicación. En cualquier caso, lo que si es preciso es separar el grano de la paja y mejorar el tratamiento que a dichas conductas otorgue la legislación que, sin duda, puede ser optimizada en este punto. Dejémoslo así, por ahora, y luego volveremos sobre ello. Y es que la dicción, el alcance y la interpretación del artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LBRL) que, recordémoslo ahora, trae causa y consecuencia de los pactos antitransfuguismo dista de ser lo suficientemente diáfana. Más de una pregunta se suscita a propósito de su dicción que recordemos establece: “Los … Continúa leyendo ¿Cómo interpretar las limitaciones al desempeño de delegaciones de gobierno o cargos ejecutivos por concejales no adscritos?