Bien podría decirse que, casi hasta la saciedad, venimos desde hace aproximadamente un año y medio oyendo de los fondos que, con la denominación Next Generation EU, se han destinado por Europa para apoyar la recuperación de los estados miembros afectados por la pandemia de la covid-19. Dada la elevada cantidad a que ascienden los fondos que España recibirá – 140.000 millones de euros en préstamos y subvenciones – no cabe la menor duda de que un adecuado empleo de éstos puede ser no solo estratégico en la recuperación económica tras la pandemia, sino que puede contribuir de forma decisiva a las transformaciones que el país habrá de enfrentar en las próximas décadas. A sensu contrario, ya puede imaginarse, que un uso inadecuado o no estratégico de este fondo no hará sino incrementar los débitos que el país mantiene sin haber desempeñado un papel tractor, y a ser posible decisivo, en la superación de los desajustes y retos que se dibujan a la vuelta de la esquina. Desde luego motivos hay para preocuparse más allá del triunfalismo y los discursos vacuos que suelen manejarse en estos casos. Tanto la experiencia reciente en la ejecución de fondos europeos, con un alto … Continúa leyendo La virtud a palos: políticas de integridad y fondos next generation EU

Como consecuencia del estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo de 2020 mediante el Real Decreto 463/2020, modificado por el Real Decreto 465/2020, uno de los principales efectos derivados de la crisis del coronavirus fue la suspensión de plazos administrativos. Si bien a día de hoy nos encontramos en un nuevo estado de alarma hasta el próximo 9 de mayo de 2021, en esta ocasión no se ven afectados los plazos administrativos. Por eso, conviene repasar las fechas de reactivación, los plazos que fueron alterados y el régimen de la “nueva normalidad” respecto de los mismos, en la medida en que en no pocas ocasiones puede tener repercusión en procedimientos administrativos actualmente en curso. Términos y plazos administrativos Como conocemos, la vigencia del anterior estado de alarma supuso, con carácter general, la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos en las entidades del sector público de todos los niveles territoriales. En este sentido, y pese a la polémica que en su momento suscitó el alcance de los términos “suspensión” e “interrupción”, finalmente se consideró claro que los plazos se congelarían durante el estado de alarma y se “reanudarían” … Continúa leyendo Suspensión de plazos administrativos y urbanísticos por el Covid-19

Hace ahora, casi cuarenta años, se dictaba la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio Reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio que procedía al desarrollo de las previsiones constitucionales derivadas del artículo 116 CE. Una previsión constitucional no extraña, más bien habitual, en nuestro ordenamiento constitucional (CARRO). La norma, así como su previsión constitucional, tienen un origen que encuentra una clara influencia en las previsiones que en Alemania se había realizado en la Ley Fundamental de Bonn y en el cuidadoso y detallado desarrollo que de la misma se hizo en 1968 y que, recordemos, encontraban su explicación en la negativa experiencia que la Constitución de Weimar había mostrado durante la etapa nazi y el intento indisimulado de limitar su aplicación tras esa vivencia. La aplicación de la norma española, a la que ahora empezamos a estar tan acostumbrados a pesar de tratarse de un Derecho de excepción, había sido, como debe de ser, prácticamente inédita hasta ahora si salvamos el estado de alarma declarado, a través del Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se ordenó el cierre del espacio aéreo como consecuencia de la famosa huelga de los controladores aéreos y se … Continúa leyendo Las sanciones del estado de alarma: ¿chapuza o vodevil?

1. Introducción: una nueva reforma impulsada de nuevo por factores exógenos al necesario proceso de reforma de nuestras Administraciones. Desde hace más de cuatro décadas se viene recurrentemente acudiendo al tópico de la reforma de la Administración pública para enfrentar los retos que tiene el país. Curiosamente, y en el caso de España, ese impulso modernizador no se ha producido en la mayoría de las ocasiones como consecuencia de una reflexión pausada, alejada de las coyunturas políticas y económicas del momento y dirigida, efectivamente, a actualizar y renovar el conjunto de instrumentos jurídicos (formas de actuación y régimen jurídico) y organizativos de nuestro sector público (estructura organizativa y empleo público) y con ello producir más y mejores políticas públicas orientadas a los resultados. Planes los ha habido, sin duda, reformas normativas inclusive de importante calado igualmente en ambos campos, otra cosa será preguntarnos por el suficiente éxito de las mismas. Los objetivos de estos intentos, inspirados en su mayoría en las directrices de organizaciones internacionales, han abarcado múltiples aspectos. A título de ejemplo, en el ámbito de la OCDE, se puso ya tempranamente de relieve la necesidad de orientar nuestras Administraciones a los resultados y se propusieron, para ello, determinadas … Continúa leyendo ¿Una nueva modernización de la Administración pública?: la ejecución de fondos Next Generation UE

1. Introducción: ¿en qué consiste el teletrabajo y cómo se ha regulado hasta ahora? La nueva sociedad digital impulsada por las nuevas tecnologías implica transformaciones profundas en el sector público. La denominada Administración digital va hoy mucho más allá de la mera gestión electrónica de trámites administrativos y se asocia a la mejora de los servicios públicos y de la comunicación entre ciudadanía y gobernantes en materias tales, a título de ejemplo, como los mecanismos de participación e interacción con la ciudadanía. Y ello implica repensar el funcionamiento de las Administraciones públicas e innovar ofreciendo nuevos servicios personalizados y de manera proactiva. No se trata de digitalizar la burocracia, sino de repensar y mejorar procesos y procedimientos con la vista puesta en las necesidades de los ciudadanos. Y ello tendrá, sin duda, consecuencias en los derechos de los empleados públicos y en la propia configuración de la selección y carrera de éstos. En lo que se refiere al teletrabajo, un aspecto crucial en ese tránsito, su verdadera acta de nacimiento y generalización en el sector público, más bien por necesidad que por convencimiento propio, se ha producido a raíz de la crisis del Covid19, durante la cual ha jugado un … Continúa leyendo Claves para una regulación municipal sobre teletrabajo