Emprender un procedimiento judicial conlleva gastos. No solo los gastos que ha de asumir la persona o entidad, que quiere demandar o que se enfrenta a una demanda contraria, sino que cabe la posibilidad de que el procedimiento finalice con imposición de costas procesales, es decir, la obligación de que una de las partes indemnice a la otra como consecuencia de haber visto rechazadas sus pretensiones en el Juzgado. Las costas procesales o judiciales, por lo tanto, son sufragadas por las partes. En este sentido, el Juzgado o Tribunal competente para conocer del asunto terminará dictando resolución en la que decide si impone las costas, a qué parte las impone y con qué limites.  Hay que significar que, generalmente, rige el principio del vencimiento, de manera que «quien pierde paga». Qué es la condena en costas Las costas en el orden contencioso-administrativo son los gastos económicos en que cada una de las partes incurre durante el procedimiento judicial y que se deberán sufragar. Las costas incluyen los gastos propios del procedimiento judicial. Se trata de los honorarios de los profesionales que intervienen (procuradores, abogados y peritos, principalmente). La condena en costas consiste en la imposición a una de las partes … Continúa leyendo La condena en costas en el orden contencioso-administrativo

El derecho administrativo es una materia compleja, lo cual hace que no sea extraño que surjan dudas con respecto a su aplicación dentro de los procedimientos en los que la Administración pública se ve envuelta. Es entonces cuando entra en juego el principio in dubio pro actione, que beneficia directamente a los administrados. Qué es el principio in dubio pro actione en el derecho administrativo “En caso de duda, a favor de la acción” es el significado literal de esta locución latina. Se trata de una regla jurídica vinculada con el principio de economía procedimental. Si surgen dudas a la hora de resolver un procedimiento administrativo, se debe aplicar la interpretación que más favorezca los derechos de los interesados. Dicho de otra manera. Si aparecen dudas en el procedimiento, se da prevalencia a la intención que se ha tenido con su interposición. Este principio no está expresamente recogido en las Leyes, pero sí ha de regir el funcionamiento de la Administración, como forma de proteger y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 24 de la Constitución. Lo que busca es garantizar que haya una decisión sobre el fondo del asunto a nivel administrativo, a … Continúa leyendo El principio in dubio pro actione en procedimientos administrativos 

Nuestra legislación determina que la Administración pública puede revisar sus propios actos, y una de las formas de hacerlo es a través de la declaración de lesividad. Qué entendemos por lesividad en Derecho Administrativo Según el artículo 107 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración puede impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa sus propios actos favorables para los interesados. Siempre y cuando lleve a cabo en primer lugar una declaración de lesividad. La lesividad se produce cuando la Administración emite un acto contrario al interés general, a pesar de que puede tener efectos positivos para los interesados. Por eso, el ordenamiento jurídico habilita a la propia Administración que lo ha dictado para instar su anulación. Para que se pueda declarar la lesividad de un acto, este debe adolecer de algún vicio de anulabilidad de los previstos en la normativa: Infringir el ordenamiento jurídico. Incurrir en una desviación de poder. No cumplir los requisitos formales necesarios para alcanzar su fin o generar indefensión a los interesados. Ser dictado fuera del plazo establecido, si la naturaleza del plazo así lo determina. Se exige, además, que el acto sea favorable para los interesados (declarativo de un derecho) y … Continúa leyendo La declaración de lesividad en la Administración pública

La contratación administrativa es siempre un tema complejo, porque cuenta con una regulación extensa y diversificada. Dentro de los acuerdos que puede celebrar una Administración pública, destacamos en esta ocasión los contratos sujetos a regulación armonizada, también conocidos como contratos SARA. Qué son los contratos sujetos a regulación armonizada Los contratos SARA son aquellos contratos del sector público que quedan sujetos a una regulación armonizada por exceder su cuantía económica unos umbrales previamente determinados. Precisamente por la importancia económica que tienen, este tipo de contratos la Ley exigen su publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea por si, por su importe, fuese de interés también para los operadores de otros estados de la Unión Europea. Qué contratos están sujetos a regulación armonizada Se refiere a ellos el artículo 19.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, y se trata de una lista taxativa. Se encuentran sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de prestación de servicios, de concesión de obras, de suministro y de concesión de servicios, cuyo valor supere una determinada cuantía. También los contratos subvencionados. De cara a este 2024, son contratos sujetos a regulación armonizada: Contratos de obras, concesión de obras y concesión … Continúa leyendo Los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA)

Según la legislación española, los bienes pueden ser de titularidad pública o privada, pero también existe la concesión demanial, una figura que permite que un bien de titularidad pública pase a tener un uso o aprovechamiento privativo durante un determinado tiempo. Esto se hace a través de un procedimiento administrativo en el que pueden participar todos aquellos que cumplan las condiciones establecidas en la licitación. Qué es una concesión demanial Para entender el concepto de concesión demanial, primero hay que profundizar en el concepto de bien de dominio público o demanial. Son bienes demaniales aquellos que, siendo de titularidad pública, están afectos a un uso general o a un servicio público (art. 5 de la Ley de Patrimonio). Un ejemplo de los primeros sería un parque, y un ejemplo de los segundos puede serlo el edificio de un ayuntamiento. El uso de los bienes públicos puede ser: Común o general. Cualquiera puede hacer uso de ellos. Aprovechamiento especial. No se impide el uso a los demás, pero se atribuye un cierto privilegio a determinados colectivos. Por ejemplo, una reserva de agua potable a la que ciertas comunidades tienen un acceso preferencial. Uso privativo. La utilización por parte de unos excluye … Continúa leyendo Concesión demanial: aspectos clave de este procedimiento