Para aquellas personas que trabajan en la Administración pública, el concurso de méritos seguramente sea un término conocido. Se trata de un sistema de selección que permite acceder a plazas sin necesidad de realizar exámenes eliminatorios. A continuación, vamos a analizar en detalle qué es un concurso de méritos, cómo puedes participar, qué aspectos se valoran y qué hacer si no estás de acuerdo con los resultados. Qué es un concurso de méritos Los concursos de méritos son procesos de selección que se utilizan en la función pública para asignar puestos de trabajo. Estos procesos se basan en la experiencia y en la formación de los candidatos, sin necesidad de que los aspirantes superen exámenes eliminatorios. Se trata de procesos clave tanto para la movilidad interna como para la promoción profesional, el cual permite a muchos funcionarios consolidar su empleo. Los concursos de méritos consisten en procesos de adjudicación de puestos de trabajo. En ellos, será un órgano colegiado e independiente el que valore los méritos y las capacidades de los aspirantes para proponer así una adjudicación de los puestos convocados, repartiéndolos entre los aspirantes que obtengan mayor puntuación. El artículo 61 TREBEP regula los procesos selectivos. En este sentido, … Continúa leyendo En qué consiste un concurso de méritos en la Administración pública

La reciente STS de 16 de enero de 2025 (rec.4845/2022), que fue precedida a su vez por la STSJ de Valencia de 19 de abril de 2022 (rec.97/2018), nos muestra una vez más la insatisfacción con las soluciones hasta ahora proporcionadas por la normativa europea y española sobre subrogación de trabajadores en supuestos de reinternalización de servicios públicos. Como es suficientemente conocido el mecanismo relativo a la subrogación en las relaciones laborales en los supuestos de sucesión de empresas aparece regulado en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores que no resulta ser sino un trasunto de la normativa europea que se plasma en la Directiva 2001/23/CE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DOCE del día 22 de Marzo de 2001). Es, por tanto, un asunto en que los Estados miembros han situado la competencia en el ámbito del Derecho europeo y la regla general establecida en dicha directiva no es otra que su aplicación universal con independencia de la naturaleza pública o privada de cesionario y … Continúa leyendo A vueltas con la reinternalización de los servicios públicos: a propósito de la STS de 16 de enero de 2025

Se suele encontrar una cierta constante, al menos cuando tratamos de diagnosticar los problemas que aquejan el empleo público local, que no es otra que la ausencia, en mayor o menor grado, de las habilidades necesarias para implementar la mayoría de las medidas que hoy las normas rectoras del empleo público acogen. Ya se trate de la temporalidad o los procesos de selección en el empleo público donde echamos de menos una planificación estratégica de las necesidades y nuevos perfiles precisos para afrontar los retos que el nuevo escenario disruptivo y digital impone, ya sea la necesaria evaluación del desempeño a los efectos de implementar el sistema de retribución o la carrera profesional de los empleados públicos, ya se trate de la negociación con los agentes sociales, o la detección de necesidades de formación, por referirnos a algunas tareas que implica la gestión de recursos humanos, esa constante es la misma, a saber: carecemos en el nivel de gobierno local, con carácter general bien es verdad dado que la planta de nuestro régimen local es muy variada, de capacidades para implementar las herramientas e instrumentos que hoy requiere una gestión avanzada de recursos humanos que es lo que las nuevas … Continúa leyendo La profesionalización de la gestión del empleo público local

Emprender un procedimiento judicial conlleva gastos. No solo los gastos que ha de asumir la persona o entidad, que quiere demandar o que se enfrenta a una demanda contraria, sino que cabe la posibilidad de que el procedimiento finalice con imposición de costas procesales, es decir, la obligación de que una de las partes indemnice a la otra como consecuencia de haber visto rechazadas sus pretensiones en el Juzgado. Las costas procesales o judiciales, por lo tanto, son sufragadas por las partes. En este sentido, el Juzgado o Tribunal competente para conocer del asunto terminará dictando resolución en la que decide si impone las costas, a qué parte las impone y con qué limites.  Hay que significar que, generalmente, rige el principio del vencimiento, de manera que «quien pierde paga». Qué es la condena en costas Las costas en el orden contencioso-administrativo son los gastos económicos en que cada una de las partes incurre durante el procedimiento judicial y que se deberán sufragar. Las costas incluyen los gastos propios del procedimiento judicial. Se trata de los honorarios de los profesionales que intervienen (procuradores, abogados y peritos, principalmente). La condena en costas consiste en la imposición a una de las partes … Continúa leyendo La condena en costas en el orden contencioso-administrativo

El derecho administrativo es una materia compleja, lo cual hace que no sea extraño que surjan dudas con respecto a su aplicación dentro de los procedimientos en los que la Administración pública se ve envuelta. Es entonces cuando entra en juego el principio in dubio pro actione, que beneficia directamente a los administrados. Qué es el principio in dubio pro actione en el derecho administrativo “En caso de duda, a favor de la acción” es el significado literal de esta locución latina. Se trata de una regla jurídica vinculada con el principio de economía procedimental. Si surgen dudas a la hora de resolver un procedimiento administrativo, se debe aplicar la interpretación que más favorezca los derechos de los interesados. Dicho de otra manera. Si aparecen dudas en el procedimiento, se da prevalencia a la intención que se ha tenido con su interposición. Este principio no está expresamente recogido en las Leyes, pero sí ha de regir el funcionamiento de la Administración, como forma de proteger y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 24 de la Constitución. Lo que busca es garantizar que haya una decisión sobre el fondo del asunto a nivel administrativo, a … Continúa leyendo El principio in dubio pro actione en procedimientos administrativos