Emprender un procedimiento judicial conlleva gastos. No solo los gastos que ha de asumir la persona o entidad, que quiere demandar o que se enfrenta a una demanda contraria, sino que cabe la posibilidad de que el procedimiento finalice con imposición de costas procesales, es decir, la obligación de que una de las partes indemnice a la otra como consecuencia de haber visto rechazadas sus pretensiones en el Juzgado. Las costas procesales o judiciales, por lo tanto, son sufragadas por las partes. En este sentido, el Juzgado o Tribunal competente para conocer del asunto terminará dictando resolución en la que decide si impone las costas, a qué parte las impone y con qué limites.  Hay que significar que, generalmente, rige el principio del vencimiento, de manera que «quien pierde paga». Qué es la condena en costas Las costas en el orden contencioso-administrativo son los gastos económicos en que cada una de las partes incurre durante el procedimiento judicial y que se deberán sufragar. Las costas incluyen los gastos propios del procedimiento judicial. Se trata de los honorarios de los profesionales que intervienen (procuradores, abogados y peritos, principalmente). La condena en costas consiste en la imposición a una de las partes … Continúa leyendo La condena en costas en el orden contencioso-administrativo

La realidad en que se desenvuelve la gestión de recursos humanos en los gobiernos locales presenta amplios y diversos déficits. Muy a pesar de ello, y sin duda por el alto grado de profesionalización de los empleados públicos de este nivel de gobierno y su compromiso con el servicio público, los servicios que se prestan a los ciudadanos no se resienten en la misma medida y, al contrario de lo que nos podría llevar a anotar esas fallas en la gestión del empleo público local, creo que puede afirmarse con carácter general que los servicios públicos locales gozan de un notable reconocimiento entre la ciudadanía (aquí). Este hecho, sin embargo, no nos debe hacer olvidar las dificultades que se presentan en la gestión cotidiana de esta área estratégica de gobierno que son, por demás, notorias y conocidas. Atávicas diría yo. Deficiente estructuración de las plantillas con carácter general, en ocasiones sobredimensionamiento y siempre temporalidad, patologías de distinto tipo en el desarrollo de los procesos de selección, inexistencia de planificación alguna con objetivos a medio y largo plazo, ausencia de carrera profesional, incentivos y política retributiva, sin olvidar la larga serie de conflictos jurisdiccionales, entre otros motivos que podrían señalarse, y … Continúa leyendo La función pública local: hacer un pan como unas tortas

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 no ha defraudado. En un país donde el respeto a las sentencias judiciales no es, al menos todo lo escrupuloso que debería serlo, la ley presupuestaria, año tras año y gobiernen tirios o troyanos, se encarga de recordarnos que, diga lo que diga el Tribunal Constitucional sobre el contenido de ésta, en la misma uno puede encontrar las más variopintas disposiciones sin relación alguna a los ingresos y gastos del Estado. No podían defraudarnos en el año que se espera sea el fin de la maldita pandemia. En efecto, este año no iba a ser menos y, entre otras modificaciones legales a normas que nada tienen que ver con ingresos y gastos públicos, la disposición final vigésima de dicha Ley modifica el artículo 3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, de la siguiente forma: “Uno. Se añade una letra g), nueva, con la siguiente redacción: «[…] g) Los actos administrativos dictados en las fases preparatorias, previas a la contratación de personal laboral para el ingreso por acceso libre, que deberán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.» Dos. Los actuales apartados f), g) y h), pasan … Continúa leyendo Un camino de ida y vuelta: a propósito de los actos separables en la selección del personal laboral al servicio de la Administración pública

Entre las herramientas que el ordenamiento jurídico pone a nuestra disposición como refuerzo de nuestra garantía y protección legal, contamos con los recursos, entre ellos el de apelación. Te ofrecemos las claves esenciales para que, de modo sencillo, puedas saber qué es el recurso de apelación, cuándo y dónde debe presentarse y cuánto tarda en resolverse. Todo ello dentro del ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa. Qué es un recurso de apelación El recurso de apelación es una herramienta que nos permite impugnar las resoluciones que dicta un juez y con las que no estamos conformes. Lo que se pretende es revocar el auto o sentencia con el que no estamos de acuerdo y pedimos que se emita una resolución nueva y favorable a nuestros intereses. El órgano competente será un órgano jerárquicamente superior. Tendrá la facultad denominada de cognición absoluta, que implica que entrará a conocer el acto que se impugna tanto en su forma como en su contenido. Se puede decir que se apela a otro órgano para que, con su ayuda, contemple desde su punto de vista y en su conjunto nuestra pretensión. Frente a qué resoluciones cabe recurrir en apelación El artículo 81 de la Ley reguladora … Continúa leyendo Qué es un recurso de apelación y cuánto tarda en resolverse

Existen ocasiones en las que un ciudadano ve menoscabados sus derechos por parte de una administración pública y, ante dicha actuación, tiene la posibilidad de acudir a la vía judicial e interponer el correspondiente recurso contencioso administrativo. En el caso de que debas acudir a los tribunales es altamente recomendable contar con abogados de contencioso administrativo Qué es el recurso contencioso administrativo Antes de contestar qué es un recurso contencioso administrativo es importante saber que su regulación viene establecida en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante, LJCA). El recurso contencioso administrativo es un tipo de procedimiento judicial que se interpone contra una resolución de la administración de carácter local, autonómico o estatal que vendría a poner fin a la vía administrativa. Como indica la exposición de motivos de la propia Ley reguladora de la Jurisdicción, el recurso contencioso administrativo es actualmente «un instrumento útil para una pluralidad de fines: la defensa del interés personal, la de los intereses colectivos y cualesquiera otros legítimos, incluidos los de naturaleza política, mecanismo de control de legalidad de las Administraciones inferiores, instrumento de defensa de su autonomía, cauce para la defensa de derechos y libertades encomendados … Continúa leyendo Recurso contencioso administrativo: qué es y cuándo se interpone