Que las revueltas del mundo político local son muchas y no siempre coherentes con lo que votó la ciudadanía no es nada nuevo. Que se producen hechos de travestismo político en la vida local más a menudo de lo que sería de desear tampoco es nuevo. Que, en algunos casos (en algunos), esos hechos que debieran ser deplorados por tirios y troyanos, lo que no siempre ocurre cuando del ejercicio del poder se trata, pueden calificarse de inconfesables tampoco es algo nuevo ni que no se conozca por la ciudadanía en general gracias a los medios de comunicación. En cualquier caso, lo que si es preciso es separar el grano de la paja y mejorar el tratamiento que a dichas conductas otorgue la legislación que, sin duda, puede ser optimizada en este punto. Dejémoslo así, por ahora, y luego volveremos sobre ello. Y es que la dicción, el alcance y la interpretación del artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LBRL) que, recordémoslo ahora, trae causa y consecuencia de los pactos antitransfuguismo dista de ser lo suficientemente diáfana. Más de una pregunta se suscita a propósito de su dicción que recordemos establece: “Los … Continúa leyendo ¿Cómo interpretar las limitaciones al desempeño de delegaciones de gobierno o cargos ejecutivos por concejales no adscritos?

Acabamos de constituir las nuevas corporaciones locales tras el proceso electoral acontecido el 28M y, a la vista de lo acontecido, creo que no está de más dedicar algunas reflexiones a los déficits que la gobernabilidad local presenta en Ayuntamientos, más numerosos de lo que a simple vista puede parecer, donde la investidura del Alcalde se ha logrado con complejos pactos de gobierno de tres y más partidos o, como señala la legislación electoral local, mediante la elección del cabeza de la lista más votada. Sin duda no está de más y la experiencia nos enseña que esta será solo la primera vuelta en muchos de esos Ayuntamientos que, más tarde o más temprano, verán como el ahora elegido no es el que definitivamente gobierne. Lo veremos, aunque ahora toca hacer una reflexión sobre el devenir de esos gobiernos en “minoría”. Y es que, hasta fechas bien recientes, el sistema de gobierno local había funcionado, ciertamente con algunas contradicciones, razonablemente bien y más de cuarenta años de gobierno locales democráticos son la mejor expresión de dicha afirmación.  Sin embargo, en las circunstancias actuales, y desde hace unos años donde asistimos en numerosos municipios a una fragmentación política evidente, nos hemos … Continúa leyendo ¿Debemos cambiar las reglas de funcionamiento del sistema de gobierno local?

En distintas entradas de este blog me he ocupado de las normas dirigidas a la protección de la integridad pública (aquí y aquí) y he reclamado, como no podía ser de otra forma, la urgente trasposición de las normas europeas que abordaban esta materia. Pues bien, como se ha dado cuenta estas últimas semanas en múltiples diarios especializados y menos especializados, se ha traspuesto finalmente, tarde ciertamente y hay abierto un procedimiento de infracción por este motivo, la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (conocida también como Directiva Whistlebower). En realidad, ya había antecedentes en la trasposición de esta Directiva en nuestro ordenamiento. En primer lugar, aunque solo parcialmente puede considerarse una trasposición de esta Directiva ya que no contempla medidas específicas de protección del denunciante, cabe destacar la Ley 14/2008, de 5 de noviembre, de la Oficina Antifraude de Catalunya. Y, con posterioridad, desde finales del año 2016, hubo una proliferación de leyes de protección del denunciante que se han ido aprobando de forma escalonada en diferentes Comunidades Autónomas. Entre las que actualmente se encuentra en vigor, encontramos la Ley 2/2016, de 11 … Continúa leyendo La protección del denunciante y la ínsula de barataria

Es comúnmente conocido, y de esto ya hace algunas décadas, que el ordenamiento jurídico reconoció a los ciudadanos el derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Bien es cierto que el reconocimiento del derecho se matizó, con una marcha atrás cómo no, tras la promulgación de la última Ley de Procedimiento Administrativo en 2015 que manteniendo el reconocimiento de ese derecho lo limitaba, a diferencia de la legislación de 1992, a los interesados. Se mantiene su reconocimiento, pero en menos. Se dirá, con una cierta justificación de dicho retroceso, que a quien puede interesar dicha cuestión sino a quienes están participando en el procedimiento. Se podrá decir, asimismo, que al fin y al cabo la legislación de transparencia ha superado dicha cuestión ya que el artículo 15.2 de la LTBG reconoce que “con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano”. No … Continúa leyendo El secretismo de la Administración

Las instituciones europeas en distintos informes, las respuestas ciudadanas a encuestas diversas, como las del CIS o de Transparencia Internacional, y hasta los organismos financieros internacionales han expresado de forma clara su preocupación por el nivel de corrupción en España a lo largo de los últimos años. La corrupción política en España, la probada me refiero, ha dejado, según algunas estimaciones periodísticas, un agujero en las arcas españolas de más de 7.500 millones de euros desde que llegó la democracia de la mano de la Constitución Española en 1978 (algunos autores sitúan la proyectada en más de 40.000 millones de euros). Entre los casos que más caros han salido a las arcas están el de Púnica, que se calcula que pudo haber defraudado 250 millones de euros, los ERE de Andalucía (150 millones), Gürtel (120 millones) o el caso Saqueo (96 millones). La consecuencia inmediata ha sido la creciente pérdida de confianza en la clase política nacional (y local). Los ciudadanos, ante tamaño descontrol al que hemos asistido en las últimas dos décadas (la pandemia ha desplazado el foco de atención), reivindican comprensiblemente cambios. Pero cambios de verdad que afecten a la toma de decisiones. La tecnología ha sido determinante … Continúa leyendo Corrupción y protección del denunciante