En dos anteriores comentarios (aquí y aquí) nos hemos ocupado de realizar un acercamiento, necesariamente somero y breve, en la normativa, y las carencias todo hay que decirlo, que presenta la dirección pública profesional en la Administración General del Estado y en las Comunidades Autónomas que han abordado la regulación de esta. La situación, digámoslo de una vez, no es muy halagüeña. Ciertamente, y así hay que ponerlo de relieve, hemos avanzado en la configuración de este espacio profesional, pero no menos cierto es que aún hay carencias y falta de decisión política para abordar más decisivamente esta materia. Se puede decir, utilizando una castiza expresión, que si a “camarón que se duerme se lo lleva la corriente” es preciso seguir insistiendo en la necesidad de articular fielmente este espacio profesional y no aquietarnos a lo ya realizado porque sinceramente es insuficiente. Pues bien, si esa era la situación en el caso estatal y autonómico, mucho me temo que en el caso local el diagnóstico resulta todavía peor. Veámoslo. 1. De dónde venimos: la usurpación del espacio directivo en la esfera local. Los últimos cuarenta años han sido testigos de una profunda transformación de nuestros Gobiernos locales que han mutado … Continúa leyendo La dirección pública profesional: entre el ornitorrinco y un mal ejecutado trampantojo (y III)

Hace unos días realizábamos una puntual incursión sobre el devenir regulatorio de la dirección pública profesional en nuestro país (aquí). En este sentido, y junto a dar cuenta de algunos modelos de referencia a nivel internacional, nos referíamos a los pasos dados más recientemente en la Administración General del Estado para consolidar un estatuto del personal directivo. Sin embargo, y dada la estructura normativa y competencial a nivel constitucional, tanto de las normas de organización como de las relativas al empleo público, parece de necesario rigor hacer algunas referencias, con la necesaria mesura dado el contenido de una entrada como esta, a lo que está aconteciendo en el espacio autonómico y en el local que son espacios territoriales, ahora lo veremos, con una dinámica propia no siempre coincidente con la esfera de la AGE. Digamos ya que, como dejábamos señalado en la anterior entrada, hay luces ciertamente sobre todo en la más reciente normativa autonómica, pero también hay sombras ya que sobre la regulación de esta materia pesan, y con qué fuerza, los intereses de la clase política y de la alta función pública. 1. Un apunte sobre la regulación autonómica. Con carácter general podríamos decir que, en lo que … Continúa leyendo La dirección pública profesional: entre el ornitorrinco y un mal ejecutado trampantojo (II)

Es suficientemente conocido que uno de los motores de impulso reformista más relevantes, de los introducidos en el Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP), ES la dirección pública profesional. Destacados expertos como LONGO, PALOMAR OLMEDA, VILLORIA MENDIETA O JIMÉNEZ ASENSIO, pero por sobre todos este último que sin duda es la referencia indiscutible desde que en 1996 publicara su célebre e imprescindible monografía (aquí), bregaron durante años a fin de que, superando la situación de colonización política y funcionarial de este espacio profesional que se había producido durante la transición política, se articulara, como en distintos países de la OCDE ya acontecía, una dirección pública profesional que ayudara a enfrentar los cambios y retos que la actualización, y la superación del caduco instrumental que nuestras Administraciones públicas tenían a su disposición, requería. Tarea nada fácil, hasta tal punto que JIMENEZ ASENSIO unos años después se preguntaría si no era imposible (aquí), dado los intereses en juego y lo jugoso de ese espacio profesional, una articulación coherente de ese espacio profesional. Y lo cierto, y es preciso darle en cierta manera la razón a dicho autor, es que se trata de una tarea no concluida todavía, donde los avances … Continúa leyendo La dirección pública profesional: entre el ornitorrinco y un mal ejecutado trampantojo (I)

Las instituciones europeas en distintos informes, las respuestas ciudadanas a encuestas diversas, como las del CIS o de Transparencia Internacional, y hasta los organismos financieros internacionales han expresado de forma clara su preocupación por el nivel de corrupción en España a lo largo de los últimos años. La corrupción política en España, la probada me refiero, ha dejado, según algunas estimaciones periodísticas, un agujero en las arcas españolas de más de 7.500 millones de euros desde que llegó la democracia de la mano de la Constitución Española en 1978 (algunos autores sitúan la proyectada en más de 40.000 millones de euros). Entre los casos que más caros han salido a las arcas están el de Púnica, que se calcula que pudo haber defraudado 250 millones de euros, los ERE de Andalucía (150 millones), Gürtel (120 millones) o el caso Saqueo (96 millones). La consecuencia inmediata ha sido la creciente pérdida de confianza en la clase política nacional (y local). Los ciudadanos, ante tamaño descontrol al que hemos asistido en las últimas dos décadas (la pandemia ha desplazado el foco de atención), reivindican comprensiblemente cambios. Pero cambios de verdad que afecten a la toma de decisiones. La tecnología ha sido determinante … Continúa leyendo Corrupción y protección del denunciante

Con fecha 25 de marzo pasado el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el Informe de Fiscalización nº 1424 realizado a fin de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a los contratos de alta dirección, a su régimen retributivo y a las indemnizaciones por cese en el periodo temporal de 2019. En concreto, la fiscalización alcanzó a las siguientes entidades: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), ICEX España, Exportación e Inversiones (ICEX), Instituto Cervantes (IC), Instituto de Crédito Oficial (ICO), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), RED.es y Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). A los que se unen el Banco de España, aunque éste solo en lo relativo a las indemnizaciones por cese, y la Oficina de Conflictos de Intereses en relación al cumplimiento de su función. Si se tratara de puntuar cuantitativamente la actuación de dichas entidades el Informe, que contrasta sus resultados con otro anterior realizado con el mismo objetivo para el periodo 2012-2014, otorga un aprobado por los “pelos” al sector público estatal (ya podemos imaginar que … Continúa leyendo El oscuro (todavía) mundo de la dirección en el sector público