La reciente STS de 16 de enero de 2025 (rec.4845/2022), que fue precedida a su vez por la STSJ de Valencia de 19 de abril de 2022 (rec.97/2018), nos muestra una vez más la insatisfacción con las soluciones hasta ahora proporcionadas por la normativa europea y española sobre subrogación de trabajadores en supuestos de reinternalización de servicios públicos. Como es suficientemente conocido el mecanismo relativo a la subrogación en las relaciones laborales en los supuestos de sucesión de empresas aparece regulado en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores que no resulta ser sino un trasunto de la normativa europea que se plasma en la Directiva 2001/23/CE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DOCE del día 22 de Marzo de 2001). Es, por tanto, un asunto en que los Estados miembros han situado la competencia en el ámbito del Derecho europeo y la regla general establecida en dicha directiva no es otra que su aplicación universal con independencia de la naturaleza pública o privada de cesionario y … Continúa leyendo A vueltas con la reinternalización de los servicios públicos: a propósito de la STS de 16 de enero de 2025

Para nadie medianamente informado es un secreto que España es uno de los países de la Unión Europea con mayor número de expedientes de infracción abiertos por incumplimiento de la normativa europea que regula el tratamiento de las aguas residuales. No está de más señalar, a fin de tener conciencia de la gravedad del problema, que las aguas residuales no tratadas pueden estar contaminadas con bacterias y virus por lo que suponen un riesgo para la salud humana y pueden contaminar lagos, ríos, suelos, costas y aguas subterráneas. Contienen asimismo nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, capaces de dañar las aguas dulces y el medio marino al favorecer la proliferación excesiva de algas que asfixian otras formas de vida. La Comisión, como se ha expuesto, había incoado varios procedimientos de infracción por la falta de recogida y tratamiento de aguas residuales en un gran número de aglomeraciones de toda España lo que ha dado lugar inclusive a distintas sentencias del Tribunal contra nuestro país multándolo, sustantivamente y mediante multas coercitivas hasta su cumplimiento, por su demora en dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa europea (por todas puede verse la STJUE de 25 de julio de 2018 C-205/2017). … Continúa leyendo La controvertida competencia sobre el tratamiento de aguas residuales y la urgencia de acometer una revisión del sistema (de todo)

Este título, forzadamente futbolístico, trata de reflejar lo que ha representado este mes de marzo en ese conflicto del que nos hemos ido haciendo eco en distintas entradas a lo largo del tiempo que enfrenta al sector del taxi y a las denominadas VTC (Uber o Cabify). En realidad, y si queremos ser más precisos, lo que viene ocurriendo desde la sentencia del TJUE de junio de 2023 (C51/21). Como es sabido los taxis y los vehículos con licencias VTC compiten entre sí en el servicio de transporte de viajeros. Y lo hacen, ciertamente, bajo dos modelos de prestación de los servicios distintos. La intervención de ese mercado, estableciendo limitaciones a la actividad de los VTC por la legislación de transporte española, no ha dejado de plantear dudas sobre su acomodo al Derecho de la Unión y, muy en concreto, respecto de la libertad de establecimiento y del Derecho de la competencia. Estaba cantado, tras las últimas resoluciones del TJUE de las que nos hacíamos eco en este mismo blog, que los tribunales españoles, y muy especialmente el Tribunal Supremo, analizaran críticamente el régimen jurídico establecido por las distintas Comunidades Autónomas respecto de este tema en el que, a pesar … Continúa leyendo En marzo taxi 0 – VTC: 2

En forma cíclica, y eso es un hecho que puede detectarse históricamente y del que da testimonio la propia normativa dictada durante el pasado siglo, los servicios públicos locales se han gestionado acudiendo a fórmulas directas o alternativamente mediante modos de gestión indirectos que, sin perjuicio de mantener la titularidad del servicio en manos públicas, permitían acudir a la empresa privada para asumir la gestión propiamente del mismo. Si realizamos una rápida mirada a la historia, corroborando lo expuesto, en el S. XIX fueron empresarios privados los que prestaron la mayoría de los servicios públicos locales que hoy conocemos como tales y fue, precisamente, la baja calidad con que se prestaban los mismos, y la exclusión de amplios sectores de la población, lo que motivó que progresivamente fueran los municipios lo que se hicieran cargo de su gestión en prácticamente toda Europa. De ahí, precisamente, las previsiones que para la “municipalización” de servicios públicos contemplara nuestro ya vetusto, pero todavía vigente Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. En la última etapa, acontecida en torno a la década de los ochenta y noventa del pasado siglo, se incrementaron las voces que reclamaban un cambio en las formas y en los … Continúa leyendo Los cambios en la forma de prestación de los servicios públicos locales

De nuevo, y ya van más de una, hemos de referirnos a este asunto. Y es que el legislador, por decir algo de este ejecutivo que ha convertido al Real Decreto-Ley en la estrella más brillante del firmamento normativo, no da tregua. Y cuando menos lo esperas en el Decreto “escoba” que ha abordado todo lo imaginable, me refiero al Real Decreto Ley 5/2023, de 29 de junio, también se refiere a las VTC’s. Y no precisamente para arreglar una situación que ya está francamente viciada. A dicho asunto nos hemos referido en distintas ocasiones (aquí, aquí y aquí), pero curiosamente, o no tan curiosamente dados los intereses económicos en juego, de nuevo hemos de prestar atención a este asunto. Como ya tuvimos ocasión de exponer en esos comentarios el modelo que en 2018 se estableció mediante el denominado Decreto-Ley Ábalos para este sector hace aguas y este último estertor solo parece explicable por el periodo electoral en que nos encontramos. 1. La sentencia de la que trae causa la norma. En uno de esos comentarios a los que me he referido ya dimos cuenta de las Conclusiones del Abogado General Sr. Maciej Szpunar en el Asunto C‑50/21 Prestige and Limousine, S. L. … Continúa leyendo El culebrón de las VTC’s