Las televisiones locales y la legislacion autonómica

Además de aquellos servicios públicos que los Ayuntamientos vienen obligados a prestar en atención a su población, porque así lo determina el artículo 26 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LBRL), hay otra serie de servicios y actividades que las Corporaciones Locales han ido asumiendo al amparo de la cláusula genérica contenida en el artículo 25 de la citada Ley de Bases: «El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal». Dentro de esta última categoría se encuentra el servicio de televisión local, al que la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, atribuía ya la naturaleza de servicio público, determinando la posibilidad de su gestión por los municipios mediante alguna de las formas previstas en el artículo 85.3 de la LBRL.

Posteriormente, y al amparo de las previsiones contenidas en la misma Ley de Televisión Local por Ondas Terrestres, se aprobó el Plan Técnico Nacional de la televisión digital local, que organizaba en demarcaciones territoriales a los distintos municipios que hubieran manifestado su voluntad de disponer y de gestionar, en un futuro, un canal de televisión local con tecnología digital

Pues bien, la normativa básica estatal reconoce a los municipios, por un lado, la potestad de establecer el servicio de televisión local  y, por otro lado, acordar el modo de gestión dentro de las figuras que contempla la Ley de Bases de Régimen Local.  La  normativa  autonómica, de desarrollo y ejecución de la legislación básica estatal, debe limitarse al establecimiento de requisitos “adicionales” (Disposición Adicional Sexta del Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la televisión digital local), que en todo caso han de respetar la legislacion basica señalada.

Llegados a este punto, debe llamarse la atención sobre las distintas fórmulas que han seguido las Leyes dictadas por las Comunidades Autónomas en desarrollo de la legislación estatal básica posibilitando, en unos casos, que los municipios hallen diversos cauces por los que  implementar la autonomía local constitucionalmente reconocida, a diferencia de otros, en los que  se obstruye la posibilidad efectiva de su ejercicio a la Administración titular del servicio.  A modo de ejemplo,  la regulación autonómica andaluza en esta materia (2006), permite arbitrar diversas fórmulas asociativas y de colaboración entre municipios para la explotación de un canal de televisión digital, incluso prevé mecanismos específicos flexibles (criterios poblacionales), que solventan eventuales discrepancias entre Ayuntamientos de distinto signo político, con situaciones económicas dispares, intereses divergentes, etc. La situación contraria puede ilustrarse recurriendo a la normativa autonómica aprobada por la Comunidad Valenciana. La Ley 1/2006, de 19 de abril , del Sector Audiovisual de la Generalitat, prevé exclusivamente la constitución de un Consorcio («Consorcio Digital Local»), integrado por todos los municipios que forman parte de una misma demarcación, para la prestación del servicio público de televisión local digital. Procede recordar que, el artículo 57 de la LBRL ,contempla la fórmula del Consorcio, o Convenio administrativo, como mecanismo de cooperación de carácter voluntario entre Administraciones en la prestación de servicios o desarrollo de actuaciones de interés común. El legislador autonómico valenciano, siguiendo esta misma línea de la  LBRL, define el consorcio como «una entidad pública de carácter voluntario y asociativo, con personalidad jurídica propia” (artículo 108.2), y declara que “los consorcios se constituirán por acuerdo de las diferentes entidades que los integren o por adhesión posterior, según lo dispuesto, en este caso, en sus estatutos” (art. 109 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana)

Paradójicamente, la ley autonómica valenciana que regula el sector audiovisual, contrasta con las previsiones que el legislador estatal y el propio legislador autonómico valenciano han fijado en la regulación del Consorcio, obligando a las Corporaciones Locales a adoptar necesariamente esta figura jurídica de colaboración. De forma que, de no producirse acuerdo entre todos los Ayuntamientos integrantes de la demarcación -y eventuales miembros del Consorcio-, con arreglo a lo previsto sin más en la Ley valenciana del sector audiovisual, la prestación del servicio no podría llevarse a efecto.

No olvidemos que la reciente Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, -de carácter básico-, declara expresamente que el servicio de comunicación audiovisual constituye un servicio público esencial, que se presta en el ejercicio del derecho a la libre expresión de ideas, del derecho a comunicar y recibir información, del derecho a la participación en la vida política y social y del derecho a la libertad de empresa y dentro del fomento de la igualdad, la pluralidad y los valores democráticos.

Concluyendo, el legislador autonómico valenciano, habilitado únicamente para  fijar requisitos adicionales, ha  pretendido obstaculizar, con esta restrictiva regulación de la figura del consorcio, la autonomía local constitucionalmente reconocida, generando situaciones en las que determinados municipios no pueden prestar el servicio de televisión local digital, o se ven obligados lamentablemente a hacerlo en circunstancias de  inseguridad  jurídica permanente, todo ello en perjuicio de  los usuarios del servicio: los vecinos.