Las ciudades frente al impacto de la economía colaborativa en el turismo y la convivencia: ¿es una guerra o hay espacio para la conciliación?

«En esencia, se trata de empoderar. Se trata de empoderar a la gente para establecer vínculos valiosos que nos están permitiendo redescubrir la humanidad que hemos perdido por el camino, interactuando en mercados (…) que se basan en las relaciones personales y no en la transacción vacía»

El extracto anterior es la definición de economía colaborativa que ofreció Rachel Botsman en una famosa conferencia, traducida hoy a más de 23 idiomas, cuyo título viene a decir que la moneda de cambio de hoy en día es la confianza.

Efectivamente, la economía colaborativa ofrece posibilidades que van más mucho más allá de lo que puede ofrecer la lenta maquinaria que tiene casi paralizada la mayoría de las administraciones. En este aspecto, da igual que hablemos de Madrid, Roma, París, Berlín o Nueva York. Al parecer, todas las administraciones detrás de las ciudades tienen en común haber influido en el surgimiento de cauces de colaboración que están haciendo tambalear la forma en que se venían entendiendo determinados ámbitos como el turismo, el transporte y la educación. Ciertamente, hoy en día las relaciones personales ofrecen un valor añadido a los servicios que difícilmente puede ser ya sustituido por la vieja manera de hacer las cosas.

Sin embargo, detrás del lenguaje de altruismo y generosidad que a menudo se usa para describir la economía colaborativa, se encuentra todo un conglomerado de compañías comerciales y no precisamente entidades sin ánimo de lucro. Como dice Tom Slee, en “Lo tuyo es mío[1]”, el dinero detrás de estas empresas demuestra que la economía colaborativa es, predominantemente, un fenómeno de Silicon Valley[2] (para llegar a esa conclusión se basa en los socios de Peers, una organización que nació para aglutinar este tipo de entidades; y resulta que, de los 70 socios de ésta, más de 60 son compañías con ánimo de lucro. A su vez, más del 85% de los fondos de Peers fueron a parar a empresas californianas).

Y ¿qué está pasando en las ciudades? “Palma prohíbe el alquiler turístico de pisos en toda la ciudad a partir del verano”, “Colau carga contra Airbnb por «tomarles el pelo» con sus nuevas medidas”, “Madrid inicia su guerra contra Airbnb: comienza a sancionar a los apartamentos turísticos irregulares”… estos titulares evidencian que algo no gusta de este quehacer.

Indudablemente, Airbnb es la compañía que mejor ejemplifica la economía colaborativa y por eso la tomaremos de referencia en este artículo. “Lo mío es tuyo”, de Rachel Botsman, comienza contando los orígenes de la compañía y, efectivamente, al menos en sus inicios, sí tuvo algo que ver con la generosidad y potenciar la vida en comunidad.

«Imagina que se pudiera construir una ciudad compartida. Donde las personas se conviertan en microempresarios y las madres y los padres del barrio vuelvan a florecer. Imagina una ciudad que fomente la comunidad, donde no se desperdicie el espacio, sino que se comparta con otros. Una ciudad que produzca más, pero sin generar residuos. Aunque pueda parecer radical, no es una idea nueva. Las ciudades son las primera plataformas colaborativas» [Brian Chesky, cofundador de Airbnb, en su ensayo “Ciudad Compartida”]

Airbnb con frecuencia reivindica sus orígenes. Orígenes que se encuentran en los desorbitados alquileres de San Francisco allá por el año 2007. Ese año, Brian Chesky y Joe Gebbia buscaban la forma de poder pagar su alquiler. Aprovecharon la celebración de un congreso en la ciudad para comprar colchones inflables y ponerlos a disposición de los asistentes al congreso a un precio económico. Así nació “AirBed and Breakfast” (colchón inflable y desayuno). No hace falta comentar mucho más del éxito que tuvo la idea. Sin embargo, ¿qué queda de aquello? ¿Quién ha dormido en un colchón inflable compartiendo casa últimamente? Parece que el negocio actual dista mucho de estos orígenes.

A día de hoy, Airbnb está valorada en 30.000 millones de dólares, superando a gigantes de la industria como Hilton, valorada en 29.000[3]. Evidentemente, los fundadores de Airbnb ya no tienen problemas para pagar el alquiler porque son multimillonarios. Pero, ¿qué problemas encuentran hoy en día los vecinos de las ciudades inundadas de pisos anunciados en Airbnb? Muchos, y el más importante: el aumento de los precios que está expulsando a los residentes de los centros de las ciudades. Lo que comúnmente se llama “morir de éxito”.

Según Tom Slee, que ha llevado a cabo una labor de recogida de datos sobre este aspecto, alrededor del 87% de los anfitriones de Airbnb tiene un solo registro de alquiler. Sin embargo, el 13% restante, que cuenta con más de una propiedad, alquila casi la mitad de los registros. En París, la ciudad más importante de Airbnb, cerca del 90% de los alquileres son para casas completas y en Berlín, Ámsterdam y Lisboa, esta cifra supera el 70%. En Barcelona, más de la mitad de los ingresos de Airbnb provienen de anfitriones profesionales y el negocio se concentra en los centros turísticos: dos tercios de las visitas se realizan en dos de los doce distritos de la ciudad. Por su parte, Airbnb apela a haber generado 128 millones de euros para la economía de Barcelona en un solo año (2014). Un artículo escrito en su blog en octubre de 2014 hace hincapié en las grandes oportunidades que ofrece la economía colaborativa y que podrían hacer de Cataluña un lugar mejor para vivir, trabajar y visitar. 3 años después, ¿es Barcelona un lugar mejor?

Es evidente que las ciudades han de equilibrar la habitabilidad y el turismo. Sin embargo, medidas de carácter prohibicionista como las que se anuncian últimamente, pueden acabar sancionando actividades perfectamente legítimas, aunque sean las minoritarias en plataformas como Airbnb. La cuestión que nos ocupa, como vemos, supera las capacidades de nuestros municipios y por eso hay que abordarlo de una forma que vea más allá de la mera actitud prohibicionista y generalizadora. De hecho, mientras nuestras administraciones públicas parecen actuar de forma unilateral y de una forma quizá desatinada[4], Airbnb tiene en su equipo a personas como Francesco Rutelli, ex Alcalde Roma y Ministro de Turismo hasta 2008.

En Europa tampoco andan perdidos y es que, la economía colaborativa presenta un potencial de crecimiento que se estimaba en unos 28 billones de euros para el año 2015. La Agenda europea para la economía colaborativa cuyo último proyecto de informe data de diciembre de 2016, tiene entre sus participantes a Uber y Airbnb. Este documento, acoge la comunicación de la Comisión sobre una Agenda europea para la economía colaborativa, y destaca que debería representar un primer paso hacia una estrategia más amplia y ambiciosa de la Unión en este ámbito.

La Comunicación fue presentada por la Comisión en junio de 2016 y con ella se pretende brindar orientaciones no vinculantes sobre la manera de aplicar la legislación vigente de la Unión a los modelos de negocio de la economía colaborativa. En ella se examinan las cuestiones clave que deben regular las autoridades públicas: (1) requisitos de acceso al mercado; (2) regímenes de responsabilidad; (3) protección de los usuarios; (4) trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia en la economía colaborativa; y (5) fiscalidad.

En cuanto al informe más reciente, éste comienza constando lo evidente: el hecho de que la economía colaborativa haya experimentado un rápido crecimiento obliga a replantear la forma en que se suministran los productos y se prestan los servicios. Y esto es algo que supone un desafío para las empresas ya establecidas. Además, no se puede obviar que estos cambios radicales tienen un impacto considerable en la situación jurídica, al desdibujar las líneas establecidas entre los consumidores y los proveedores, entre los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores autónomos, así como entre la prestación de servicios profesionales y la prestación de servicios no profesionales. Por su parte, esto plantea un desafío para numerosos sectores fundamentales de la legislación de la Unión Europea.

Efectivamente, la economía colaborativa ha desdibujado numerosas líneas. Y es evidente que alquilar puntualmente una habitación no debería estar sujeto a la fiscalidad a la que sí debe estarlo quien, a través de una plataforma como Airbnb ejerce una actividad empresarial. Pero, ¿a partir de cuántos anuncios en Airbnb empieza un anfitrión a ser considerado profesional[5]?

En palabras de la Comisión, la economía colaborativa consiste en «modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares» y precisa que, generalmente, «las transacciones de la economía colaborativa no implican un cambio de propiedad y pueden realizarse con o sin ánimo de lucro». Para ordenar el mapa, tenemos tres tipos de actores en la economía colaborativa:

1. Los prestadores de servicios, particulares que ofrecen servicios (activos, competencias o tiempo, ya sea gratuitamente o previo pago) de manera ocasional («pares») o a título profesional («profesionales»);
2. los usuarios de dichos servicios; y
3. las plataformas colaborativas que conectan a la oferta con la demanda en tiempo real y facilitan las transacciones.

La distinción entre pares y profesionales es esencial para cuestiones fiscales y laborales. Si no se regulan estos aspectos se produce una competencia desleal que es la que está poniendo en pie de guerra a los negocios tradicionales que, si bien han de adaptarse a los tiempos, llevan su parte de razón. Asimismo, el informe da luz a aspectos clave para los operadores del mercado y las administraciones públicas como las condiciones de acceso al mercado. De éstas queremos destacar una que parece estar en auge en España: las prohibiciones absolutas. Sobre éstas, la Comisión establece que la prohibición absoluta para realizar determinadas actividades constituye una medida que se debe aplicar tan sólo en última instancia.

En definitiva, la economía colaborativa es un fenómeno que no se puede ignorar y fomentarlo es beneficioso si se hace con amplitud de miras, teniendo en cuenta las bondades pero también los riesgos que entraña. La regulación es necesaria pero no puede limitarse al establecimiento de sanciones y prohibiciones porque, como vemos, el sistema es más complejo de lo que aparenta ser y con frecuencia hay que estar al caso concreto. Hay que evitar que grandes instituciones financieras modelen las ciudades a su propio interés utilizando fraudulentamente la economía colaborativa, que ha de servir al bienestar de las personas y una mejor habitabilidad de las ciudades. En palabras del ponente del proyecto de informe al que nos hemos referido,

una realización equitativa y convenientemente regulada de la economía colaborativa podría brindar importantes oportunidades a todos los sectores de la sociedad y fomentar que la evolución económica de la Unión tenga un carácter más integrador y sostenible.

[1] El título del libro es una clara referencia a la obra de Rachel Botsman y Roo Rogers “Lo mío es tuyo”, que constituye una de las obras más relevantes de la economía colaborativa en tanto que contribuyó a definir el movimiento.

[2] La financiación detrás de las compañías más importantes de la economía colaborativa: Jeff Bezos, multimillonario y director general de Amazon, ha invertido tanto en Airbnb como en Uber; la empresa líder de capital riesgo Andreessen Horowitz ha invertido en Airbnb, Lyft y el servicio de paquetería Instacart; Founders Fund, una empresa creada y dirigida por el multimillonario y fundador de PayPal Peter Thiel ha invertido en Airbnb, Lyft y TaskRabbit. Goldman Sachs es otro de los inversores de Uber así como de WeWork, que también ha sido financiada por JP Morgan (véase capítulo 3 de “Lo tuyo es mío” de Tom Slee).

[3] Dato obtenido de del capítulo 3 de “Lo tuyo es mío”, de Tom Slee. Cuando el libro fue escrito, el valor de mercado de Airbnb se situaba en los 24.000 millones de dólares.

[4] Aún pendiente de recurso, ya ha recaído en Barcelona la primera sentencia que revoca sanciones a Airbnb. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 11 de Barcelona declaró en su sentencia núm. 309/2016, de 29 de noviembre, no ser conforme a Derecho la sanción de 30.000 euros impuesta por la Dirección General de Turismo de la Generalitat de Cataluña. Básicamente, el motivo de la revocación tiene que ver con la atipicidad de la conducta. Lo que se sancionaba era “la prestación de servicios turísticos sin contar con la habilitación correspondiente”, obligando al cese de la actividad. Sobre esto, el Juzgado considera que “existe una orfandad en la regulación de este nuevo fenómeno de consumo (…) que no puede ser suplido con la imposición de una sanción cuando ha alcanzado el carácter de “industria”, sino con abordarla de forma decidida”. De paso, la sentencia hace referencia expresa a la “fuerte intervención administrativa” a la que están sujetos determinados sectores de la economía como este y el transporte.

[5] En Bélgica se ha tratado la cuestión de los pares que ofrecen servicios de manera ocasional mediante la aplicación de un tipo impositivo especial de únicamente un 10 % para los distintos ingresos hasta los 5.000 euros, en Italia se está estudiando la posibilidad de fijar en 10 000 euros el umbral para las rentas procedentes de la economía colaborativa no profesional y el Reino Unido anunció hace poco una desgravación fiscal de 2.000 libras para las rentas comerciales y de la propiedad.