Liderazgo y Capacidad en el Servicio Público

Hace tan sólo unos días la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo pública su Recomendación sobre Liderazgo y Capacidad en el Sector Público. Se trata de un documento elaborado al amparo del art. 5.b) del Convenio de la OCDE, firmado el 14 de diciembre de 1960. Es, por tanto, un instrumento jurídico internacional reconocido que no debe pasar inadvertido en el entorno en el que trabajamos.

La Recomendación recoge las capacidades, condiciones de trabajo, motivación y valores de la función pública. Todas ellas variables que tienen impacto en la calidad de los gobiernos. Como en otras ocasiones, la Recomendación fue sometida a consulta hasta el día 14 de septiembre de 2018 a fin de obtener aportaciones de la ciudadanía en general, empleados y cargos públicos, entidades de la sociedad civil y, en definitiva, cualquier interesado en este ámbito. A día de hoy, acaban de cerrarse otras consultas como la relativa a la Declaración sobre la Innovación del Sector Público, que será publicada en los próximos meses. También pueden consultarse otros datos y documentos relativos a la gobernanza pública en los países de la OCDE en este enlace, donde cabe significar la Recomendación sobre integridad pública y la necesidad de implementar estrategias contra la corrupción, y la Recomendación sobre contratación pública.

El origen de la decisión adoptada por el Consejo se encuentra en otras recomendaciones del mismo órgano relativas a la igualdad en el ámbito público, la calidad en la administración pública y la gestión de los conflictos de interés en la función pública. Asimismo, reconoce el rol esencial que juegan organizaciones no gubernamentales en el sector público y, concretamente, el Comité Asesor Sindical de la OCDE (TUAC).

El instrumento hecho público recientemente pretende servir como guía a los estados miembros en tanto que éstos, en media, gastan un 9,5% de su PIB en empleo público (datos de 2015 contenidos en la propia Recomendación). Se parte de la idea de que la sociedad es cambiante y de que, además, avanza a un ritmo más rápido que las administraciones. Éstas y sus empleados, por tanto, tienen que esforzarse por estar constantemente actualizados, perfeccionando sus capacidades y reforzando el liderazgo aquellos que ostentan puestos de dirección. Como recoge el propio documento, la Recomendación promueve una administración altamente profesionalizada, basada en el mérito, la transparencia, la responsabilidad y el principio de legalidad.

Finalmente, la Recomendación establece 14 principios que están agrupados en tres ámbitos: (i) cultura y liderazgo basado en valores; (ii) empleados públicos efectivos y capacitados; y (iii) sistemas de empleo público flexibles y adaptativos. Puedes leer la versión original del folleto que resume las 14 recomendaciones aquí.

(01) Cultura y liderazgo basado en valores:

• 1. Definir los valores del servicio público y promover la toma de decisiones basada en estos valores.
• 2. Construir capacidad de liderazgo en el servicio público.
• 3. Asegurar un servicio público inclusivo y seguro que refleja la diversidad de la sociedad.
• 4. Construir un servicio público proactivo e innovador que tome perspectiva a largo plazo en la el diseño de políticas y servicios.

(02) Empleados públicos efectivos y capacitados:

• 5. Identificar permanentemente las habilidades y competencias necesarias para transformar la visión política en servicios con valor añadido.
• 6. Atraer y retener a los empleados cuyas habilidades y competencias son necesarias en el mercado laboral.
• 7. Seleccionar, contratar y promocionar candidatos a través de procedimientos transparentes, abiertos y basados en el mérito.
• 8. Desarrollar las habilidades y las competencias necesarias creando una cultura del aprendizaje en el servicio público.
• 9. Evaluar, premiar y reconocer el buen hacer, el talento y la iniciativa.

(03) Sistemas de empleo público flexibles y adaptativos

• 10. Clarificar las responsabilidades institucionales para la gestión del personal.
• 11. Desarrollar una estrategia a largo plazo con un enfoque sistemático para la gestión del personal basada en la evidencia y la planificación inclusiva.
• 12. Establecer las condiciones necesarias para una adecuada movilidad y flexibilidad en los puestos de trabajo que permita conectar adecuadamente las habilidades de las personas y las necesidades de la organización.
• 13. Determinar y ofrecer de una forma transparente condiciones de trabajo que conecten adecuadamente las funciones con el puesto a desempeñar.
• 14. Asegurar que los empleados pueden contribuir a la mejora del servicio público y participan plenamente en los asuntos del servicio público.

La Recomendación desarrolla los anteriores puntos, especificando qué acciones deben emprender los estados para lograr, en definitiva, una mejor administración al servicio de la ciudadanía. Además, se ordena desarrollar herramientas para ayudar a los estados a emprender estas acciones y, sobre todo, fiscalizar su implementación de cara a la elaboración de un informe dentro de cinco años que analice los resultados logrados.

Para terminar, si bien las recomendaciones no son jurídicamente vinculantes, como se indica expresamente en ellas, lo cierto es que la práctica la otorga una gran fuerza moral. Tal y como señala la OCDE las recomendaciones representan la voluntad política de los países miembros y los no miembros que se adhieren a ellas y se espera de ellos que hagan todo lo posible por implementar la recomendación en toda su extensión.