Ley de incompatibilidades de los funcionarios públicos

Llegar a ser funcionario es el sueño de muchas personas pero no es nada fácil. En la mayoría de los casos implica dedicar muchos años al estudio y la recompensa conseguida no siempre es tan buena como parece, ya que los sueldos en la función pública no son tan altos como se cree. Esto nos lleva a preguntarnos por la Ley de incompatibilidades y si los funcionarios pueden tener otro trabajo.

¿Qué normativa regula este tema?

Aquí resulta de aplicación la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, que es la que regula el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas y que es desarrollada por el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril. Éste dedica una primera parte a la compatibilidad de actividades en el sector público y luego se ocupa de actividades en el sector privado.

Asimismo, no se pueden ignorar las disposiciones sobre incompatibilidad contenidas en el Estatuto Básico del Empleado Público y otra normativa específica como, por ejemplo, la que es de aplicación al personal estatutario (arts. 76 y 77 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud).

Esta normativa afecta a todo el personal al servicio de las Administraciones tal y como recoge el art. 2 de la Ley 53/1984 citada:

a) El personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos Públicos.

b) El personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Organismos de ellas dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y órganos institucionales.

c) El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de ellas dependientes.

d) El personal al servicio de Entes y Organismos públicos exceptuados de la aplicación de la Ley de Entidades Estatales Autónomas.

e) El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel.

f) El personal al servicio de la Seguridad Social, de sus Entidades Gestoras y de cualquier otra Entidad u Organismo de la misma.

g) El personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un 50 por cien con subvenciones u otros ingresos procedentes de las Administraciones Públicas.

h) El personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100.

i) El personal al servicio del Banco de España y de las instituciones financieras públicas.

j) El restante personal al que resulte de aplicación el régimen estatutario de los funcionarios públicos.

Y, señala el apartado segundo del artículo citado que en el ámbito de aplicación de esta Ley está incluido todo el personal sin importar la naturaleza jurídica de la relación de empleo.

Esta normativa tiene como finalidad regular el régimen de incompatibilidades a fin de que no se vea comprometida la imparcialidad y la independencia de los funcionarios así como tampoco se vean menoscabado el cumplimiento de sus funciones. Para ello se establecen unos requisitos de dedicación y limitaciones retributivas.

Regla general de la Ley de Incompatibilidades de los funcionarios

Lo que nos dice la legislación es que un funcionario no puede desempeñar otro cargo en el sector público o en el sector privado (por cuenta propia o ajena) si ese puesto es incompatible con sus funciones como funcionario. Por ejemplo, un funcionario que ejerce como profesor de matemáticas en un centro público por las mañanas no podría trabajar como profesor en una academia por las tardes. Sin embargo, sí podría trabajar en una gestoría aportando sus conocimientos sobre contabilidad. Tampoco podrá obtener la compatibilidad un funcionario para el desempeño de un trabajo que sea incompatible con su horario y, en este sentido, hay que tener muy en cuenta los puestos de trabajo que conllevan guardias.

En todo caso, tal y como dispone el artículo doce de la Ley 53/1984, hay que tener en cuenta que los funcionarios no podrán ejercer las siguientes actividades:

a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.

b) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado.

c) El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.

d) La participación superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades a que se refiere el párrafo anterior.

En suma, un funcionario no puede pertenecer al consejo de administración de una entidad que tenga relación con la entidad pública para la que trabaja; así como tampoco puede desempeñar cargos en empresas que sean contratistas de obras públicas en las que tenga una participación que supere el 10 %.

En cuanto al horario. el apartado segundo del precepto citado, establece que «las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones Públicas sólo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial».

¿Debe cumplir el funcionario algún requisito adicional?

El empleado público no puede empezar a trabajar en otro sitio sin más, necesita obtener el reconocimiento de compatibilidad por parte de la Administración Pública para la que trabaja. De lo contrario, estará cometiendo una falta muy grave que puede conllevar la incoación del correspondiente expediente disciplinario (art. 95.2.n) TREBEP). Así, dispone el artículo catorce de la Ley 53/1984 que «el ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad«. Igualmente, el apartado 1 del artículo tercero, referido a actividades públicas, señala que «para el ejercicio de la segunda actividad será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos». 

Es decir, si no sigue el procedimiento establecido estará cometiendo una infracción por la que puede ser sancionado.

¿Qué dice la jurisprudencia sobre este tema?

La regulación del régimen de incompatibilidades de los funcionarios no es demasiado exhaustiva y muchos supuestos quedan en el aire, por lo que son los tribunales los que están asumiendo el trabajo de interpretar la norma para examinar si hay o no compatibilidad en aquellos casos en los que ha surgido la controversia.

La postura mayoritaria aboga por ser flexibles, algo que se ha notado especialmente en las sentencias dictadas desde que el salario de los funcionarios fue congelado durante la crisis económica. Como regla general, si no hay conflicto de intereses, se entiende que no hay problema para que el funcionario tenga otro trabajo.

Si eres funcionario y te estás planteando el pluriempleo debes valorar si esa actividad que quieres realizar es compatible con tu trabajo actual, de acuerdo con la ley de incompatibilidades. Si lo es, solicita el reconocimiento de compatibilidad y recuerda no empezar a trabajar en otro sitio hasta que lo obtengas.

Si la Administración para la que trabajas te lo deniega, entonces no te va a quedar más remedio que aplazar tus planes e interponer recursos e incluso acudir a los tribunales si lo consideras conveniente. En ese caso puedes ponerte en contacto con nuestros Abogados de Contencioso Administrativo para plantear un recurso y hacernos tu primera consulta gratuita sin compromiso.