¿Cuando se puede pedir la excedencia por incompatibilidad en la función pública?

Seguramente, una de las situaciones laborales más estables sea la de ser titular de una plaza como funcionario en el sector público. Ser funcionario es una gran noticia de por sí, pero hay algunos funcionarios que no tienen una plaza, sino dos entre las que elegir. Sin embargo, de conformidad con lo que establece la normativa vigente, en estos casos hay que comprobar si son compatibles ambos puestos y si es posible simultanear las funciones de cada uno de ellos. En caso de que no lo sean, ¿qué hacer? A continuación, detallaremos en qué casos procede la excedencia por prestación de servicios en el sector público. También conocida como excedencia por incompatibilidad en la función pública. 

¿Cuándo solicitar la excedencia por incompatibilidad en la función pública? Casos en que procede. 

Hemos de partir del artículo primero de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas porque señala que el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los supuestos previstos en la misma. Es decir, la regla general en la función pública es la incompatibilidad, tal y como explicábamos aquí. Y, concretamente, el capítulo III de la Ley (artículos 3 a 10) está dedicado en su integridad a las compatibilidad de las actividades públicas.

En este sentido, el artículo diez de la misma Ley concreta que quienes accedan a un nuevo puesto del sector público que resulte incompatible tendrá que optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. Si no lo hace o lo hace fuera del plazo señalado, se entenderá que opta por el nuevo puesto y pasará a la situación de excedencia voluntaria en aquel que venía desempeñando. Para aquellos casos en que los puestos son susceptibles de compatibilidad, la persona interesada tendrá que recabar la correspondiente autorización en los diez primeros días del plazo de toma de posesión. Este plazo se entiende prorrogado mientras recae resolución.

Además de lo anterior, tenemos que tener en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado. Su art. 15 se ocupa de regular la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público (excedencia por incompatibilidad) y determina los casos en que procede su declaración. Así, encontramos las siguientes situaciones:

• Funcionarios de carrera que se encuentren en activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las Administraciones públicas y funcionarios que pasen a prestar servicios como personal laboral fijo en organismos o entidades del sector público y no les corresponda quedar en situación de servicio activo o servicios especiales. Se considerarán incluidas en el sector público las empresas controladas por la Administración por cualquiera de los medios previstos en la legislación mercantil. Es decir, se incluyen plazas de empresas públicas, fundaciones, consorcios, etc.
• Funcionarios del Estado integrados en la función pública de las Comunidades Autónomas que ingresen voluntariamente en Cuerpos o Escalas de funcionarios propios de las mismas distintos a aquellos en que inicialmente se hubieran integrado.

Con relación a lo anterior hay que tener en cuenta que el desempeño de puestos de carácter interino o laboral temporal no habilita para pasar a la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público (véanse al respecto SSTS de 23 de diciembre de 2008 y 6 de mayo de 2010).

Además, el apartado 3 del artículo 15 citado establece que los funcionarios podrán permanecer en esta situación de excedencia mientras se mantenga la relación de servicios que la originó. Sin embargo, una vez se produzca el cese deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de 1 mes. En caso de que no se haga, el empleado pasará automáticamente a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con las consecuencias que ello conlleva.

¿Es de aplicación esta normativa al personal de los Ayuntamientos?

Pudiera pensarse que el Reglamento de situaciones administrativas que se ha traído a colación no es de aplicación porque se ocupa del personal de la Administración General del Estado. Esta cuestión ha sido debatida judicialmente, donde empleados municipales han alegado que no les resulta de aplicación. Sin embargo, el Reglamento opera por ausencia de normativa específica, tal y como detalla el TSJ Asturias en su reciente sentencia de 27 de mayo de 2019. En ella se recoge lo siguiente:

(…) Impugnada la sentencia apelada por confirmar la resolución administrativa recurrida aplicando subsidiariamente a funcionarios de la Administración Local al tener encaje en el marco de la legislación estatal, y operaría por la ausencia de normativa específica ( STS 22.12.2001 ), el artículo 15.1 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. En este sentido, de conformidad con el art. 92. 1 , de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local «los funcionarios al servicio de la Administración local se rigen, en lo no dispuesto en esta Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, por la restante legislación del Estado en materia de función pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18.ª de la Constitución». A su vez, el art. 3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público señala que el personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto, y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local. (…)

De lo antecede resulta que efectivamente hay que tener en cuenta las bases referidas al conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, constituirán el nuevo marco de la Función Pública derivado de nuestra Constitución, entre que la situación administrativa objeto del presente procedimiento no podía diferir (aunque con otra denominación), esto es que la excedencia voluntaria de la que hablaba el artículo 29.3.a) de la Ley 30/1984  Legislación citada LMRFP, esto es, la situación en la que procedía declarar a los funcionarios públicos cuando se encuentren en situación de servicio activo en otro Cuerpo o Escala de cualquiera de las Administraciones Públicas, o pasen a prestar servicios en Organismos o Entidades del sector público y no les corresponda quedar en otra situación.

En estos casos a falta de legislación específica cuando estemos ante una laguna de la normativa autonómica debe ser evitada mediante la aplicación de la normativa estatal, en aplicación del artículo 149.3 in fine de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) Legislación citada CE, art. 149.3 . (…)

En definitiva, el Reglamento de situaciones administrativas también resulta de aplicación a los empleados de entes locales.

Por último, hay que señalar que este derecho a elegir entre ambos puestos públicos incompatibles lo ostentan tanto el personal funcionario como el laboral. En el caso de éstos últimos, es irrelevante que no venga expresamente recogido en el Convenio Colectivo de aplicación pues la excedencia opera por imperativo legal como consecuencia de la incompatibilidad, que sí ha de ser declarada expresamente.

¿Dónde y cómo solicitar esta excedencia?

La excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público es una institución de gran utilidad, ya que permite al funcionario abandonar el puesto sin renuncia a su plaza, sin necesidad de acreditar el período mínimo de permanencia que sí se exige en otras excedencias, como la excedencia por interés particular. Sin embargo, hay que tener claro que se reserva la plaza, pero no el puesto de trabajo. Esto quiere decir que, en caso de que se quisiera volver a la plaza que se ostenta en excedencia, no es posible garantizar la vuelta al mismo destino.

Para solicitar esta excedencia, la persona interesada deberá dirigirse a la sede electrónica de la Administración correspondiente y rellenar el formulario facilitado. Normalmente, este trámite puede hacerse  de forma telemática en cualquier lugar de España.

Está claro ser funcionario tiene multitud de ventajas y, sin duda, la posibilidad de pasar a la situación de excedencia voluntaria que nos ocupa es una de ellas. No obstante, no dudes en ponerte en contacto con nuestros abogados contencioso administrativos especialistas en la materia si tu situación tiene alguna particularidad que necesitas consultar o si la excedencia te ha sido denegada por parte de la Administración.