El Informe sobre la Democracia Local y Regional en España, a propósito de la reforma local.

Hace unos días se ha publicado el Informe sobre la Democracia Local y Regional en España. Este Informe viene a ser una especie de «auditoria democrática» que se realiza a instancias del Consejo de Europa y que tiene por objeto, esencialmente evaluar  el grado de cumplimiento de los compromisos y principios que contiene la Carta Europea de Autonomía Local ratificada por España en Enero de 1988.

La comisión que ha realizado el Informe ha estado formada por el Concejal de Uccle (Bélgica) Marc Cools y el Comisionado de la Reina en la provincia de Flevoland (Holanda), Leen Verbeek, acompañados del consultor Fran­cesco Merloni y de la Secretaria de la Comisión, Stephanie Poirel. Realizaron una visita durante los días 5 al 8 de junio del año pasado para hacer su trabajo. Sin embargo, el Informe no se ha emitido sin antes realizar una segunda visita a nuestro país,  que tuvo lugar el día 14 de mes de enero de este año. Esta segunda visita ha estado motivada por el proceso de reforma de la Administración Local que tiene en marcha el Gobierno y se ha cubierto con reuniones al mas alto nivel, en la FEMP y en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas.

Ciertamente esta segunda visita se deja notar en el Informe con alabanzas a la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año pasado, la critica a las confusiones de competencias entre distintos niveles de gobierno (esa simpleza política de «una administración una competencia», como si un alcalde pudiera ser ajeno a cualquier cosa que pase en su ciudad) y la recomendación de fijar unos limites máximos y mínimos a las retribuciones de alcaldes y concejales.  Sin embargo no ha podido dejar pasar por alto la deficiente estructura de financiación municipal, con una alta dependencia de transferencias de otras administraciones, (financiación condicionada) y una insuficiente estructura de ingresos propios que aseguren  la eficacia en la realización de los servicios que han de prestar.

Hay un aspecto sobre el que queremos llamar la atención. Es la recomendación que hace al Comite de Ministros del Consejo  para que invite a las Autoridades Españolas a suscribir y ratificar el Protocolo adicional a la Carta Europea de Autonomía Local sobre el derecho a participar en los asuntos del gobierno local. Este derecho comporta la garantía legal a participar, en un marco de igualdad de oportunidades, en los asuntos de los gobiernos locales. Este derecho debe traducirse en el reforzamiento de las comunidades locales, la convocatoria de procesos participativos como consultas y referéndum, la facilitación del derecho de iniciativa popular, el refuerzo de mecanismos para facilitar la participación de colectivos desfavorecidos, la garantía de igualdad de oportunidades para el conjunto de residentes del municipio, tanto a nivel de sufragio activo como pasivo, en las elecciones locales y el aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en este terreno.

Esta es la orientación estratégica que debería primar en la reforma local que tiene en marcha el gobierno. Sin embargo el Anteproyecto aprobado no contempla  va en este sentido, sino muy al contrario, reconcentrando competencias a nivel provincial, que constituyen una excepción en nuestra adhesión a la Carta de Autonomía Local, al no elegirse directamente sus cargos. En el terreno político esta reforma, en los términos en los que esta planteada, es un error.

Hace unas semanas, el profesor  Jose Ignacio Torreblanca en una de sus columnas en los medios advertía de la importancia de la participación de la ciudadanía en esta situación de crisis política y de representatividad institucional en la que nos encontramos,

Además de nuevas normas que permitan restaurar el vínculo entre representantes y representados, lo que nuestra (mal llamada) clase política necesita es a los ciudadanos. En una democracia que funcione son los representados los que están en mejor posición para controlar a los políticos. Ahí radica el cambio de mentalidad que necesitamos: en lugar de recelar de los intentos de la ciudadanía por controlarles más estrechamente, los responsables políticos deben asumir que cuanto más abierto y transparente sea su trabajo y más control tengan los ciudadanos sobre él, más eficaz y digno de estima será. Los políticos no son distintos ni especiales, mejores ni peores; son simples ciudadanos, con sus virtudes y tentaciones, cuyo trabajo consiste en representarnos. Pero ese es un trabajo que no pueden realizar eficazmente solos. Entiéndanlo y déjense ayudar. Les irá mucho mejor.